Según la OEA “la criminalidad, la impunidad y las deficiencias de los sistemas judiciales y policiales afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las sociedades, amenazan la consolidación de las democracias, deterioran los niveles de vida de la población, e impiden la vigencia plena de los derechos humanos y garantías de las personas”. A pesar de estas declaraciones y acuerdos de cooperación, la mayoría de los países sienten un crecimiento acelerado de la violencia y la delincuencia, impulsada y agravada por una  alarmante situación de riesgo caracterizada por la pobreza, marginalidad y el desempleo.

Las estadísticas nacionales indican que uno de cada cinco ciudadanos ha sido víctima de la delincuencia y uno de cada de diez de robo a su domicilio, que ha generado una justificada  presión social en la demanda de una mejor seguridad ciudadana, a la cual se ha  respondido únicamente con iniciativas dispersas de algunos alcaldes. Iniciativas que aparte de lo positivas, en cuanto a lograr tomar control de la situación hasta el presente momento, son desvinculadas  entre sí y desarticuladas del Gobierno central por ausencia de una política de Estado.

Movidos por este interés social se instaló un  debate, público y democrático, por tres días consecutivos y en forma simultánea en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, habiéndose logrado una toma de conciencia de la multidimensionalidad del fenómeno social, que ha quebrado el esquema Policía-delincuencia, que conducía a un principio unidireccional de acción respuesta, en espera de que la represión reduzca los índices de victimización y mejore la seguridad ciudadana.

 En el seminario internacional se ha recomendado, además,  “crear  un consejo de seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia, que involucre a representantes de la sociedad civil, a la Policía, FF.AA. y al Gobierno local”. La recomendación no es novedosa en su planteamiento, sino en la reflexión, ante la imposibilidad de vencer las distancias entre las autoridades del gobierno seccional para consolidar un liderazgo único, legal y concurrente y así  afrontar de forma multisectorial a este  fenómeno social.

La sorprendente falta de organización todavía no encuentra una salida que cubra los intersticios jurisdiccionales que existen entre las autoridades del gobierno seccional y de estas con el Gobierno nacional.  Vacíos y brechas de las cuales se benefician los actores de las actividades delincuenciales e ilícitas que han llegado a conformar una economía subterránea que, según datos del BID, llega en nuestros países a una afectación  de hasta el 14% del PIB de nuestra precaria economía.
 
 Las políticas tanto a nivel local como nacional deben incluir a todos los órganos del Gobierno, con la finalidad de evitar que se difumine la responsabilidad en la búsqueda de alternativas de solución de los problemas y se obtenga un tratamiento integral de la problemática de la violencia y delincuencia.

Con este propósito, en marzo del 2000 se emitió el decreto Ejecutivo 332C incorporando a todas las autoridades del gobierno seccional en una Junta de Seguridad Ciudadana con la finalidad   de diseñar una estrategia integral para fortalecer la seguridad pública, para contrarrestar los hechos y actos que afecten a la seguridad ciudadana.

Una de las facultades de la Junta es la de crear comités, entre los cuales se encontrarían los asesores, directivos, ejecutivos, como los creados en Quito y Cuenca, para la prevención, detección, control, tratamiento, contención y reducción de la violencia y delincuencia bajo orientación de una política de Estado, que según la situación que se vive y la demanda social planteada resulta de prioridad nacional.