El gobierno brasileño llamó a evitar la violencia en el campo, donde la campaña de ocupaciones de haciendas por familias del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) cobrará un nuevo impulso el fin de semana.
"Estamos seguros de que no hay razón alguna para una extensión de los conflictos en el campo brasileño", dijo el ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto.
"Todas las metas y acuerdos (de la reforma agraria) se están cumpliendo (...). Estamos trabajando para que la agenda de violencia forme parte de nuestro pasado y para que tengamos una agenda de paz en el campo brasileño", dijo Rossetto el martes por la noche.
El MST, el movimiento social mejor organizado de Brasil, lanzó a fines de marzo una campaña que le permitió hasta el momento ocupar 67 haciendas en 14 estados, con la instalación de 20.000 familias, según datos del movimiento.
El diario Folha señala que hay un total de 102 invasiones, 69 de ellas organizadas por el MST y el resto por otros movimientos que reclaman la reforma agraria.
Aunque estos últimos días las ocupaciones amainaron, se espera una nueva ola a medida que se acerca el aniversario de la matanza de 19 trabajadores rurales por la policía perpetrada el 17 de abril de 1996 en el municipio de Eldorado de Carajás (norte).
"No tenemos previsiones, pero el 17 será un día fuerte de lucha y habrá más ocupaciones", dijo a la AFP un portavoz de la dirección nacional del MST.
El vocero dijo que tampoco podía indicar si después de esa fecha las familias permanecerían en las haciendas ocupadas o si el MST procedería a una evacuación total o parcial.
Los "desalojos", a menudo por decisiones judiciales, suelen generar violencias entre los campesinos y los hacendados.
El presidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR, un nucleamiento de propietarios), dijo el miércoles que los productores rurales están viviendo un estado de "pánico" ante la ofensiva lanzada por el MST.
Con la expectativa de que el nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) impulsaría la reforma agraria, el conflicto en el campo se acentuó en 2003, con saldo de 60 campesinos asesinados hasta setiembre, el doble que en igual período de 2002.
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva se comprometió a entregar tierras a 400.000 familias antes del fin de su mandato, en 2006, pero advirtió que no actuaría "bajo presión".
Rossetto ratificó que este año el gobierno está decidido a instalar 115.000 familias.
En el primer año de gobierno Lula, 36.000 familias fueron beneficiadas por la reforma agraria.