La cifra de reclusos fallecidos a consecuencia de los enfrentamientos entre bandas al interior de los centros carcelarios de Quito y Guayaquil aumentó ayer a cuatro. Los internos presentaron heridas de arma blanca en diferentes partes de sus cuerpos.
 
El último grupo que permanecía retenido desde el 4 de abril pasado en el ex penal García Moreno, la Cárcel Nº 3 y la Cárcel de Mujeres de la capital, salió libre ayer. Al mismo tiempo, la Policía retiró los cadáveres de dos reos.

La salida de 57 personas en cautiverio responde a la condición que puso el Congreso Nacional de liberar a los rehenes para debatir sobre los cambios que se incluirán en el proyecto de reformas al Código de Ejecución de Penas.

Cinco guías penitenciarios, apresados desde el lunes pasado en el ex penal y la Cárcel Nº 3, salieron ayer a las 10h20. Eddy Paladines, uno de los rehenes, relató los malos tratos que recibió de los presos amotinados, quienes, ante la posibilidad de que efectivos policiales ingresaran a las cárceles, colocaban tanques de gas a punto de estallar en los lugares donde estaban los guías.

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Una hora más tarde (11h20), los cinco guías se dirigieron a sus domicilios, aún atemorizados por las vivencias en el ex penal. Hasta anoche no terminaba el motín en el ex penal.

Fernando Cassis, director nacional de Rehabilitación Social, anunció que la fuerza pública ingresará al centro penitenciario para tomar lista a los reos y determinar el número de muertos durante el amotinamiento.

También se deberá iniciar la reconstrucción de algunas áreas del ex penal, y la reubicación de los presos en sus respectivos pabellones.

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A raíz de la crisis, los reos de la Cárcel Nº 3 y del Centro de Detención Provisional (CDP) ingresaron al ex penal a través de huecos abiertos en las paredes que dividen a los tres centros penitenciarios, lo que ocasionó el caos. Las autoridades carcelarias deberán identificar la ubicación original de los internos.

La Brigada de Homicidios de la Policía Nacional retiró ayer los cuerpos de los internos Pedro Fernando Cueva, de 25 años, y Manuel Oña, de 40, asesinados con arma blanca, en riñas dentro del ex penal.

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En la cárcel de mujeres, entre tanto, fueron liberadas 52 personas, incluidos tres periodistas. Veinte efectivos policiales acudieron como refuerzos para brindar protección a las personas liberadas.

Con sus dos hijos en brazos, Fausto Simbaña salió ayer de ese centro carcelario, donde permaneció junto a los menores como rehén por diez días.

Los niños, de 1 y 3 años, mostraban signos de debilidad. Según su padre, están enfermos y no recibieron ayuda en los días que permanecieron cautivos, salvo una visita del Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa). “Hubo solo una atención”, aseveró Simbaña y agregó que las autoridades no actuaron a tiempo para solucionar la situación en los centros penitenciarios.

Al igual que Simbaña, otros rehenes se quejaron por la demora en su salida.
Hugo Alvarado perdió siete días de trabajo y teme quedar sin empleo. “Las autoridades debieron tener más agilidad y pensar en nosotros”, indicó.

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Sin embargo, algunas personas estuvieron de acuerdo con su cautiverio, como Cleotilde González, quien el domingo anterior a Semana Santa visitaba a su hija y decidió permanecer a su lado en forma voluntaria para apoyar sus reclamos.

Desde las 10h00, los rehenes salieron en grupos de cinco y diez.

Fuga de reos
Un operativo policial de 700 gendarmes en motocicletas y patrulleros cercó las instalaciones del ex penal García Moreno, la Cárcel Nº 3 y el CDP a las 18h30, tras la fuga de aproximadamente 50 internos, según informó anoche Mentor Albán, director del ex penal.

Albán explicó que la fuga se dio en los talleres de la cárcel Nº 3, por una alcantarilla que da a una vivienda aledaña al centro de reclusión.

Recaptura
Patricio Hidalgo, jefe del Comando Provincial de Policía de Pichincha, informó que dos horas después se recapturó a tres de los reclusos: Geovany Vinueza, José Gregorio Cox y Durfai Alberto Orozco.

PARTES DEL CÓDIGO QUE VAN A REVISIÓN
Artículo 1
Será reconsiderado en el Congreso por oposición de la Corte Suprema de Justicia y los presos. El artículo determina el traslado de la administración de las cárceles que dependían del Ministerio de Gobierno, a la Función Judicial.

Artículo 2
A este también se opusieron los reos del país, ya que establece la formación de un Consejo de Rehabilitación Social, organismo que según el proyecto lo integraban: la Corte Suprema, Fiscal General, y el Defensor del Pueblo.

Artículo 5
El Director Nacional de Rehabilitación Social deberá estar cinco años en funciones administrativas dentro de las cárceles o tener el título de criminólogo, administrador o penitenciario, otorgado por un instituto de educación superior.

Artículo 8
Otorga a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social la facultad de emitir títulos de crédito y recaudar, mediante coactiva, los valores de las multas por los cheques protestados.

Disposición Transitoria
Se determina que los bienes muebles e inmuebles decomisados al narcotráfico serán rematados en subasta pública y los montos repartidos a instituciones beneficiarias, entre estas, las cárceles.