Si este año no se reforma la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral, un candidato a prefecto o alcalde podrá gastar durante la campaña un máximo de 265 mil dólares; un concejal, 150 mil y un aspirante a juntas parroquiales, 25 mil dólares.

Los límites establecidos por esta ley para las elecciones seccionales constituyen una de las mayores preocupaciones para los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del director de Participación Ciudadana (PC), César Montúfar, quienes concuerdan en que los montos actuales “conspiran contra el cumplimiento de la ley”.

“Imagínese al alcalde de Quito o Guayaquil con esos techos para la campaña de este año”, mencionó el presidente del TSE, Nicanor Moscoso (Prian) quien ejemplificó que ni siquiera alcanzará para el Municipio más pequeño. Por eso, el organismo electoral y PC proponen modificarlos, aunque el TSE todavía no presenta su propuesta en el Congreso Nacional.

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Las bajas cantidades que se pueden invertir en la propaganda electoral provocará que los candidatos oculten información, hecho sancionado por la misma ley, comentó el presidente del Tribunal. Las restricciones en el gasto electoral deben ser reales, recomendó Montúfar.

La sugerencia de Moscoso es que no se ponga un límite al monto total, pero sí a las contribuciones de personas naturales y jurídicas, “el principal aspecto es saber de dónde salen los aportes, que digan de dónde sacaron la plata”.

La ley de Control de Gasto Electoral surgió luego de una consulta popular que se realizó el 25 de mayo de 1998, a través de una pregunta.

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“¿Está usted de acuerdo en que se fijen límites a los gastos electorales y que se establezcan mecanismos para controlar el origen de los recursos destinados a las campañas electorales?”. El 27% respondió que sí, por lo que se trabajó la ley y se incluyó un artículo, 56 en la Constitución de ese mismo año.

El objetivo entonces y ahora, expresó Carlos Aguinaga, vocal de la DP, es lograr “mayor transparencia en las campañas electorales”. Montúfar va más allá y especifica que el fin es garantizar que “la voluntad popular no sea secuestrada por el poder económico que condiciona la acción de las autoridades elegidas”, como sucedió en el gobierno de Jamil Mahuad, quien reconoció que recibió un millón de dólares del ex gerente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, ahora preso por delitos financieros.

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Una de las alternativas que proponen los tres consultados para lograr una participación equitativa entre todos los partidos y que evite el exceso de gasto electoral es utilizar el dinero del Fondo de Reposición de Gasto Electoral (que se entrega a todos los partidos después de las elecciones) en el contrato de franjas publicitarias para cada agrupación política en radio, prensa y televisión. “Sin que esto signifique que los que quieran contratar más espacios no puedan hacerlo”, coincidieron Moscoso y Montúfar.

Pero el punto de los montos no es el único problema, sino que “necesita de una reforma completa” afirmó Montúfar y ejemplificó “en la ley se prohíbe la aportación extranjera pero no hay sanción, pero el no reporte de información sí tiene un castigo”.

Aguinaga identificó que además falta definir bien lo que es gasto y campaña electoral, añadió que es importante vedar la publicidad de los gobiernos seccionales durante los 45 días de campaña para evitar el abuso de los recursos del Estado; y finalmente insistió en la necesidad de crear la figura del fiscal de delitos electorales.