América Latina siguió siendo en 2003 el continente con el mayor número de asesinatos de defensores de los derechos humanos y de los trece países del mundo donde se cometieron ese tipo de asesinatos, seis lo fueron en ese continente.
 
Así lo denuncia en su último informe anual el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, según el cual el caso de Colombia es el que suscita mayor inquietud.
 
En América Latina, "la situación de los defensores se ve agravada por la impunidad de que disfrutan los autores de esas violaciones pese al hecho de que el continente americano es uno donde los derechos humanos están mejor garantizados tanto a nivel de las legislaciones nacionales como por el elevado nivel de ratificación de los tratados internacionales o regionales", critica el informe.
 
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., "la adopción de nuevas medidas antiterroristas y la revisión de otras anteriores para adaptarlas a los imperativos de esa lucha han llevado en muchos casos a la restricción de derechos individuales y colectivos", agrega el Observatorio.
 
Concretamente acusa al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de "denigrar" el trabajo de los defensores de los derechos humanos y dice que ciertas declaraciones suyas, asociándolos con los terroristas, "se inscriben en un contexto más amplio en el que en nombre de la lucha antiterrorista, los poderes públicos dejan de respetar los derechos humanos y dan carta blanca" a quienes los violan.
 
 A ello se añade la nueva legislación antiterrorista, votada el pasado diciembre, que "confiere al Ejército poderes judiciales y permite a las fuerzas del orden efectuar detenciones sin mandato judicial, registros sin autorización legal, interceptar el correo o recurrir a las escuchas telefónicas".
 
Las dos ONG denuncian asimismo "el uso abusivo por las autoridades chilenas de la nueva legislación antiterrorista para detener e inculpar a los dirigentes de las comunidades Mapuche que se oponen a las empresas de explotación forestal".
 
En EE.UU. se invocan motivos de seguridad nacional para no conceder visados a los defensores de los derechos humanos del continente latinoamericano que quieren visitar la sede de la ONU en Nueva York o la de la Organización de Estados Americanos en Nueva York, critica asimismo el informe.
 
En países que sufren las consecuencias de un conflicto armado o de una situación de violencia generalizada como Colombia o Guatemala, los defensores de los derechos humanos son en primera línea víctimas de actos de hostigamiento o violencia.
 
En Colombia, "esos defensores, bien se trate de campesinos, de indígenas, de líderes políticos o sociales, periodistas, sindicalistas, miembros de ONG o abogados, viven en un clima permanente de terror e inseguridad", denuncia el informe.
 
"Algunos son acusados de ser el brazo político de grupos calificados de subversivos y son asesinados por paramilitares y otros, en menor medida, son víctimas de desapariciones a manos de guerrilleros, que rechazan su critica", agrega.
 
En Guatemala, la situación de los defensores de derechos humanos sigue siendo particularmente inquietante: en 2003, fueron perseguidos por miembros de grupos paramilitares mientras que numerosos funcionarios judiciales o encargados de la protección de los derechos humanos fueron igualmente víctimas de asesinatos o amenazas.
 
En Bolivia, "el recurso desproporcionado a la violencia fue preferido al diálogo, y una represión brutal de las manifestaciones causó más de ochenta muertos entre septiembre y octubre de 2003", recuerda el informe.
 
En Perú, el Gobierno no dudó en aplicar el Estado de excepción en mayo del año pasado tras tres semanas de huelga de los servicios públicos, y la limitación o de las libertades públicas y la militarización del conflicto social causaron la muerte de un estudiante y una cincuentena de heridos.
 
En Venezuela, "en un contexto de conflicto y de tensión social aguda, los defensores de los derechos humanos encuentran todo tipo de dificultades para llevar a cabo su misión" mientras que en Ecuador "resulta preocupante la reaparición de la Legión Blanca", que profirió amenazas de muerte contra líderes de organizaciones sociales y de defensa de las libertades fundamentales.
 
En Cuba, la situación de los numerosos defensores de los derechos humanos es también inquietante. Algunos de los detenidos, implicados en el proyecto Varela y todos ellos defensores de los derechos humanos han sido condenados en procesos sin las debidas garantías a penas de cárcel que oscilan entre quince y veinticinco años.
 
En Guatemala, lo mismo que en Nicaragua, dirigentes sindicales son víctimas de hostigamiento y amenaza constantes, y en Honduras, algunos defensores de los derechos humanos han sido amenazados o han pagado incluso con su vida por su compromiso contra la deforestación y la construcción de una presa hidroeléctrica.
 
Quienes se oponen a políticas económicas que juzgan nefastas para grupos de población o el medio ambiente son "denunciados como antinacionales o terroristas y son víctimas de la represión" como los que luchan por el derecho al trabajo, a la tierra o la protección ecológica en Honduras, chile, Ecuador, México, Bolivia o Colombia.