El anuncio del Gobierno de cerrar la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no será fácil de cumplir si se toma en cuenta que, además del apoyo del Congreso, necesitará resolver los problemas legales y financieros de más de cinco años de administraciones irregulares.

El 1 de diciembre de 1998 entró en vigencia la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera (Trole 1). En el artículo 18 se creó a la AGD con dos objetivos principales: uno, devolver los ahorros a los clientes de las instituciones financieras cerradas (IFI) y, dos, cobrar la cartera pendiente y vender los activos de esas IFI.

Para ejecutar esas tareas se nombraron siete gerentes titulares y tres encargados.
El promedio de cada gerente titular es de 9 meses en funciones, cuando según la ley se lo designará para un periodo de tres años, con la posibilidad de ser reelegidos.

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Desde su creación, en 1998, hasta el 30 de septiembre del 2003, la Contraloría auditó las operaciones administrativas y financieras de la AGD en cuatro exámenes especiales. En todos hubo “recomendaciones”, la mayoría de las cuales se repitieron sin que se hayan cumplido y, peor, corregido las irregularidades halladas.

De los siete gerentes titulares, contra tres (Luis Villacís,  Patricio Dávila y Wilma Salgado) se elaboraron informes con indicios de responsabilidad penal. Según el contralor subrogante, Genaro Peña, los informes  pasaron a la Fiscalía para que inicie los procesos. Sin embargo, no se conoce el resultado de esas investigaciones. Mientras Villacís está prófugo, Dávila es diputado, y Salgado, desde su casa, escribe un libro que –indicó– titulará: Ratas, ratones y rateros.