Según el organismo, las destituciones no son definitivas ya que todas fueron apeladas.

Desde el 7 de febrero de 2002 hasta ahora, la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) destituyó un total de trece jueces. A ellos se los acusó de cometer faltas graves en el desempeño de su cargo o en la tramitación de juicios.

Sin embargo, ninguna de estas destituciones son definitivas, pues todas fueron apeladas y están en manos del pleno del CNJ.

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En Pichincha fueron separados de sus cargos cinco  jueces: Miguel Cahuasquí, 1º de lo Penal; Magno Borja, 12º de lo Penal; Beatriz Suárez, 8ª de lo Civil; Julio Amores, 21º de lo Civil; y, Stalin López, 1º de Tránsito.

En Guayaquil recibieron esta misma sanción cuatro: Eduardo Díaz, 23º de lo Penal; Fernando Moreira, juez 20º de lo Penal (e);  José Ordeñana, ministro de la Corte Superior de Guayaquil; y, Alberto Sorroza Soto, 19º de lo Penal.
En el resto de provincias del país fueron destituidos otros cuatro jueces: Gonzalo Verdesoto, 3º de lo Civil de Bolívar; Orley Sornoza, 8º de lo Civil de Manabí; Bolívar Torres, presidente de la Corte Superior de Napo; y, Stalin Villacís, 6º de lo Civil de Manabí.

Por supuestas irregularidades en el ejercicio de las funciones, el CNJ resolvió, desde el 6 de enero de 1999 hasta el primer semestre del año 2003, 3.968 quejas en contra de jueces de primera instancia y magistrados de las cortes superiores del país.

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De este número, 1.256 fueron sanciones de amonestaciones, multas, suspensiones y destituciones; mientras 2.712 concluyeron con resoluciones de liberación de culpa y de archivo o se desecharon.

De acuerdo a las estadísticas que maneja la Comisión de Quejas del CNJ, en los dos primeros años de gestión de los actuales vocales del organismo y que inició el 21 de diciembre de 1998 (finaliza el periodo de seis años el 21 de diciembre de 2004), se declaró la prescripción de 3.731 quejas represadas desde 1986.

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Según el presidente de la Comisión de Recursos Humanos del CNJ, Tomás Rodrigo Torres, en los cinco años que llevan en funciones, el trabajo de Consejo puede ser calificado de positivo, pues se logró regular el trámite de las causas disciplinarias (quejas) que se encontraban represadas.

Aseveró que a partir de la vigencia del reglamento de Control Disciplinario, Quejas y Sanciones de la Función Judicial (mayo del 2003), ingresaron 74 quejas; mientras que por iniciativa de la Comisión se iniciaron 73, lo que suman 147 expedientes, aún en trámite. El nuevo reglamento, dijo Torres, intenta acelerar el trámite de las quejas y evitar que estas sean infundadas.

Según el presidente de la Comisión de Recursos Humanos, Tomás Rodrigo Torres, en la tramitación de las quejas se implementó un patrón de seguimiento de las causas y de la conducta de cada uno de los funcionarios, jueces o magistrados cuestionados, en cada uno de los distritos judiciales a los que se pertenecen.