Hasta no recibir de manos de la diputada María Augusta Rivas el documento con las resoluciones del acuerdo previo, conseguido la madrugada de este jueves, para terminar con la paralización en las cárceles, las internas del centro penitenciario de mujeres de El Inca, en Quito, se niegan a liberar a cientos de familiares y a los cinco periodistas retenidos desde el pasado martes.

Mientras, este mismo jueves, el ministro de Gobierno, Raúl Baca Carbo, insistió en que existe una tregua por el inicio de la Semana Santa y de acuerdo a los resuelto en su diálogo con los dirigentes de los presos, los rehenes deberían salir de las cárceles hoy, "porque los internos saben que el martes no habrá reunión si seguimos en este plano (retener rehenes y mantener caos)".

En otro centro, en el ex Penal García Moreno los reos comienzan a resentir por la falta de agua que se agudizó desde ayer; además, se quejaron esta mañana de la falta de alimentos, por lo que han improvisado una cuerda que cuelga desde lo alto de la tapia que circunda esa cárcel, para que los familiares puedan enviar por allí los pocos alimentos que permite ese recurso.

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"La corte de justicia y nosotros estamos decididos a no tratar los temas que estamos tratando si no se solucionan de inmediato", dijo Baca durante una entrevista realizada en Ecuavisa.

El Ministro de Gobierno insistió en asegurar que más que buscar soluciones coyunturales, es preciso destacar que "ahora las tres funciones (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se han reunido para trabajar de manera conjunta y discutir el tema sustancial, como es el proceso que causó el problema de hacinamiento en las cárceles y que ésto se corrija".

Finalmente, dijo que el diálogo entre las tres funciones pretende que el martes en el Congreso se puedan dar respuestas a los problemas de las cárceles, "porque lo que se intenta es proyectar una política de estado de manera permanente hacia las cárceles con ayuda de otras instituciones y la sociedad".

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El preacuerdo hace parte un compromiso del Parlamento para revisar la Ley  de Ejecución de Penas, donde está contemplada "la detención en firme" y que,  según los internos, ha permitido la superpoblación de las cárceles hasta llegar  al hacinamiento, uno de los problemas que piden sea resuelto.
 
El segundo punto es acelerar los trámites para la  repatriación de los presos colombianos y españoles y por último agilizar la  libertad anticipada de los reos que están cercanos a cumplir sus sentencias.
 
El ministro Baca informó además que el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez decidió entregar 300.000 dólares mensuales con el objetivo de que se  realice una verdadera rehabilitación a los presos.
 
Finalmente, Baca explicó que parte de estos recursos se destinará a cubrir  las necesidades de los trabajadores del sector carcelario, que también se  encuentran en paro.