Las invasiones de tierras por parte de campesinos, que ya suman casi medio centenar de predios, no se detendrán porque son una forma de presionar por la reforma agraria y que debe ser la prioridad del gobierno, afirmó el líder del movimiento.
 
Para hacer la reforma agraria   persisten muchos problemas...nuestra evaluación es que este embrollo solamente se resolverá si hay movilización social, si hay presión, dijo Joao Pedro Stedile, coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
 
Nuestra tarea es justamente organizar a los sin tierra, concientizarlos y movilizarlos para que luchen...por la reforma agraria, agregó Stedile en una carta pública a los miembros del MST y difundida este jueves por el grupo.
 
Desde fines de marzo y en lo que va de abril, el MST ha intensificando sus invasiones de tierras con la esperanza de acelerar la reforma agraria del gobierno: van 46 terrenos ocupados por cerca de mas de 15.000 familias en 13 de los 26 estados del país, según datos del grupo.
 
No se hace una tortilla sin romper huevos, quiere decir que no es posible hacer la reforma agraria sin afectar intereses, dijo Gilmar Mauro, de la dirección del MST.
 
Todo el mundo defiende la reforma agraria, pero son defensas de discursos, porque en realidad hay mucha resistencia, agregó Mauro en conversación telefónica.
 
El movimiento reclama agilizar los procesos burocráticos para expropiar terrenos considerados improductivos, así como mayor rapidez para liberar fondos destinados al asentamiento de campesinos, y reorganizar el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
 
Esta gente (sin tierra) son campesinos, analfabetas, sin acceso a servicios públicos,  a dónde quieren que vayan estos contingentes?, dijo Mauro refiriéndose a que esas familias que ocupan tierras en muchos casos no tienen otro alternativa sino invadir terrenos para llamar la atención sobre sus condiciones.
 
El MST, fundado en 1984, con unos dos millones de militantes, organiza invasiones de tierras que considera improductivas y como una forma de presionar al gobierno para agilizar la reforma.
 
Brasil tiene una de las más dispares distribuciones de la tierra en el mundo, con cerca de 90% de ella en manos de 20% de la población, mientras que el 40% más pobre apenas posee 1% de la tierra.
 
Según la constitución de 1988 el gobierno puede expropiar tierras   improductivas, tras pago de indemnizaciones a propietarios.