Nuestro país sigue siendo uno de los pocos, quizás el único, en la región que carece de una legislación antimonopolio. O mejor dicho, una legislación que promocione y defienda la competencia, que es como se prefiere decir ahora para quitarle el tinte negativo de “anti”, y enfatizar más bien su lado positivo, esto es, normas en pro de la competencia.

Algo casi excéntrico sucedió sobre este asunto en el Gobierno anterior. El Ejecutivo, con el asesoramiento de consultores, preparó y envió un proyecto de ley. El Congreso lo aprobó con algunos cambios. Y cuando fue enviado para su sanción, fue el mismo Ejecutivo el que lo vetó; y lo vetó en su totalidad (!). Cierto es que el proyecto no era perfecto. Pero bien pudo introducírsele los cambios que requería durante el proceso de debate o luego, con el envío de un segundo proyecto.

Pero enormes intereses se movieron y lograron dejar al Ecuador sin una legislación altamente necesaria para su desarrollo. Además, significó una increíble burla al Congreso, que conoció y aprobó prácticamente en su integridad un proyecto que le enviara el Ejecutivo, para que luego sea este último precisamente el que lo vetara.

Más de un año ha pasado desde que el proyecto fue vetado en su totalidad. La Constitución faculta en estos casos al Congreso Nacional para que en una sola sesión insista en el mismo proyecto, y de ser aprobado por los diputados con el voto de los dos tercios, la ley irá directamente al Registro Oficial.

El otro camino es que el Congreso o el Ejecutivo retomen la iniciativa y uno de ellos prepare y presente un nuevo proyecto de ley.

Nuestro país al menos debería aprovechar la circunstancia de ser el último de la región que no tiene una legislación antimonopolio. Puede aprovechar las experiencias, buenas y malas, de otras naciones al respecto, y aprobar una legislación eficiente, balanceada y moderna.

Pero lo que no puede aceptarse es continuar sin normas que defiendan la libre competencia. Lo que tenemos ahora es insuficiente. Una disposición general en la Constitución, que ella misma se remite a una ley secundaria. Una decisión de la Comunidad Andina que es inoperante mientras no exista una legislación interna, y disposiciones, algunas simplemente reglamentarias, fragmentadas e insuficientes en contadas áreas.

El abuso de posición dominante, los sutiles acuerdos excluyentes, las prácticas colusorias, la creación de barreras de ingreso son unas de las tantas expresiones de conductas monopolistas que no encuentran la debida regulación y sanción en el Ecuador. Pero que todos sabemos que existen y que causan daño.

Ya es tiempo que los señores diputados dediquen parte de su tiempo a legislar. Y esta es una materia que demanda urgente atención. Más aún cuando se pretende suscribir un tratado bilateral de libre comercio con los Estados Unidos, pues, dicho tratado exigirá cambios fundamentales en nuestra economía. Uno de ellos será precisamente el tener reglas claras sobre prácticas monopolistas que tanto perjuicio provocan en empresarios como en consumidores.