Está pendiente la designación de Contralor del Estado y del Defensor del Pueblo. Los enfrentamientos entre partidos políticos y grupos de poder mantienen descabezados a tres organismos de control (Contraloría, Comisión de Control Cívico de la Corrupción y Agencia de Garantía de Depósitos) y una que defiende los derechos ciudadanos (Defensoría del Pueblo), entre cuyas facultades está vigilar el uso de los recursos públicos.

Diputados de todas las tendencias políticas reconocen que hay intenciones voraces entre los líderes de los partidos de captar, a cualquier precio, los órganos de control. También señalan que las funciones Legislativa y Ejecutiva deben reconocer su responsabilidad.

El diputado socialcristiano Xavier Sandoval sostuvo que el descabezamiento de las autoridades de los organismos de control del Estado es una consecuencia de la crisis política que vive el país, que se refleja en la mala conducción del Estado y en la atomización de las fuerzas políticas en el Congreso. 

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El diputado afirmó que el Parlamento es corresponsable de esa crisis, pues es un organismo que está maniatado por la Constitución, respecto de la definición de una terna para Contralor, aparte de que cada partido pretende tener un funcionario afín. Aunque no reconoce que su partido, el PSC, sea uno de los mayores responsables del estancamiento para integrar una terna para Contralor.

“Ojalá el pueblo de alguna manera nos haga sentir a quienes estamos en política, que somos corresponsables y nos amenace con revocarnos el mandato, para ver si así despertamos para hacer los cambios que deberíamos hacer”, subrayó Sandoval.  

El roldosista Marco Proaño Maya comentó que si no están constituidos los órganos de control, “estamos en un país donde el poder político empieza a vender su autoridad y esa es una explosiva definición de la corrupción”. La culpa, agregó, la tiene también el Congreso, porque es el nominador del Defensor del Pueblo y de la terna para el Contralor. “No puede ser que por culpas colectivas el Parlamento levante los brazos, que por una falta de liderazgo y por intereses políticos se siga postergando la terna para el Contralor”.

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Proaño alertó que la crisis institucional de los organismos de control contribuye aún más a la desconfianza que al momento muestra la ciudadanía frente a las entidades como la Función Judicial, Ejecutivo, Congreso Nacional y la fuerza pública. “Lo que se debería hacer es recuperar el derecho a confiar en el Estado, el reafirmar el concepto de autoridad y recatar la majestad de las instituciones”, dijo.

El jefe de bloque de Pachakutik, Jorge Guamán, comentó que la crisis institucional de los órganos de control responde al hecho de que los partidos políticos pretenden controlar el poder en el país, pues ahora ya no hay oposición frontal en el Congreso, ni confrontación de ideologías; eso quedó atrás y los grandes partidos apuestan al cogobierno, y desde esa tarima controlar los órganos de poder.

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Guamán dijo que el descabezamiento de las entidades de control como la Contraloría, Comisión Anticorrupción, Agencia de Garantía de Depósitos y Defensoría del Pueblo, responde a una estrategia política de la derecha en mutuo acuerdo con el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Añadió que no conviene a ese sector mantener en puestos claves a personas transparentes; y un claro ejemplo es la salida de Wilma Salgado de la AGD, para cubrir a los deudores de la banca cerrada que se benefició de un salvataje bancario.

El diputado de Pachakutik reveló que ahora la corriente de los partidos de derecha es impedir que exista Contralor hasta después de las elecciones de octubre próximo, a fin de impedir la fiscalización a los gobiernos seccionales, lo que afectará la reelección de algunos alcaldes y prefectos.

El socialista Segundo Serrano dijo que todos los organismos de control están en crisis. Manifestó que no es lo mismo mantener en funciones prorrogadas o encargar los puestos, porque eso resta autoridad para proceder, siempre se condiciona al poder político.