E-government es la optimización de los procesos gubernamentales a través de la tecnología, de las redes informáticas y de comunicación. En la mayoría de países del mundo su mayor valor agregado es el ahorro y la eficiencia que se da en el sector público gracias a este concepto, ya que luego de la publicación de la información en internet, la segunda etapa es su procesamiento y la realización de transacciones electrónicas a través de los web sites de las instituciones. Así, tenemos que en muchos países se puede consultar y pagar impuestos, multas y servicios públicos por internet, solicitar documentos oficiales, etcétera. En Ecuador, debido a los altísimos niveles de corrupción, al contrario que en el resto del mundo, el mayor valor agregado sería la publicación, y por ende, el acceso público a la información. Pero para que el proyecto no nazca muerto, deben incorporarse en él a todas las instituciones públicas, con toda su información. Si desde el inicio se dan excepciones, pronto todo se volverá excepción. Por lo menos todo lo importante.

Cualquier institución, si maneja o recibe fondos públicos, debe estar obligada a reportar contra pedido y además a publicar su información. Desde Pacifictel y Petroecuador hasta las fundaciones. Desde la Junta de Beneficencia hasta las empresas de las FF.AA., ministerios y cualquier institución en la que una entidad estatal sea accionista, inversionista, donante o tenga contratos de asociación. Ahora bien, ¿qué información reportar? De igual forma, deben incorporarse todos los ámbitos de la información pública. El secreto es enemigo de la transparencia, e históricamente se ha abusado de lo que es secreto. Y si algo lo fuere, debe estar explícito en la ley que está siendo tratada en el Congreso. No se puede dar la libertad de que las instituciones a futuro califiquen qué es secreto y qué no.
En bastantes países desarrollados, incluso países con problemas de seguridad, ni los contratos de compra de armas se consideran secretos; solamente gastos en delicadísimos proyectos de seguridad nacional, investigaciones o desarrollo de nueva tecnología o armamento, lo cual en Ecuador no existe.

Los ecuatorianos queremos tener acceso a través de internet a los cheques, uno por uno, que gire cada institución, a las transferencias bancarias, a todos los contratos, al listado de sus propiedades e inversiones, al detalle de sus activos fijos y corrientes, todos sus pasivos comerciales y bancarios. Queremos tener acceso al listado del nombre de las empresas proveedoras de cada una de las instituciones públicas con sus representantes legales y accionistas. Queremos saber el estado de resultados, los costos y las utilidades de las instituciones estatales, la lista de funcionarios, sus sueldos y beneficios. Por último, en la ley misma en discusión debe estar explícita la pena por no cumplir con la publicación regular de esta información; de lo contrario, los burócratas se burlarán de ella como lo hicieron de la Ley de Gasto Electoral. Debe ser explícita también en cuanto a qué instituciones deben reportar qué información. La ley de transparencia en debate en el Congreso debe incorporar estos conceptos.