El ministro de Energía, Carlos Arboleda, se reunió –el pasado viernes– con representantes de varias organizaciones para crear una comisión que fije un plazo definitivo que le permita a esta cartera de Estado dialogar con la comunidad de Sarayacu, que se opone a la actividad petrolera en Bloque 23 de la región amazónica.

En la cita participaron representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), delegaciones diplomáticas de Francia, Argentina y Bélgica acreditadas en el país, del Congreso Nacional, Cancillería, Defensoría del Pueblo y comunidades indígenas de Pastaza.

Mediante boletín de prensa, Arboleda señaló que la Companía General de Combustibles (CGC) suscribió un contrato (26 de julio de 1996) para la exploración y explotación petrolera del Bloque 23.

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Según el comunicado, el 9 de abril de 1999 esta empresa suspendió sus operaciones debido a que una parte de la población de Sarayacu se opuso a la continuación de los trabajos de exploración. Sin especificar cifras o nombres de los afectados, en el boletín se agrega que otras comunidades indígenas del sector exigen reanudar las operaciones de prospección sísmica y tareas adicionales con la finalidad de recuperar sus puestos de trabajo.