El 20 de este mes concluirá, formalmente, el acuerdo stand by que el gobierno de Lucio Gutiérrez firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Mauricio Pozo, informó que en el 2003 las cifras macroeconómicas pactadas se cumplieron, aunque admitió que hubo retrasos en las decisiones de política económica, como la contratación de administradores internacionales para las eléctricas y telefónicas.

Ahora, la estrategia del Gobierno es “dejar que el actual acuerdo muera”  con el fin de que se firme uno nuevo  en el que se incluyan los incumplimientos. Para ello, el Frente Económico (Ministerio de Economía y  el Banco Central) deberá proponer una Carta de Intención que incluya los nuevos compromisos.

Una misión del FMI, encabezada por Trevor Alain (reemplazo de Bob Traa), llegó esta semana a Quito para definir los temas pendientes, junto con las autoridades económicas. Pero la Carta de Intención no solo incluirá los temas incumplidos, sino otras “reformas estructurales”.

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Una de las más importantes es la reforma laboral del sector privado. La idea del Gobierno es flexibilizar las relaciones entre trabajadores y empresarios, “con el fin de incentivar un trabajo más eficiente”, acotó Pozo.

El proyecto, indicó Pozo, está delineado, pero aún no cuenta con el apoyo de los gremios laborales, por lo que su envío al Congreso podría ser a finales de año. Otras reformas en la agenda son la tributaria y la aduanera, que el Gobierno aún no decide cuándo presentarlas. El objetivo de las autoridades es lograr el aval del FMI y de otros organismos multilaterales de crédito hasta el próximo año.