La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, de que EE.UU. revise la pena de muerte impuesta a 51 mexicanos, adoptada el pasado 31 de marzo, podría cambiar el trato que recibirán en adelante los extranjeros detenidos en este país.

La sentencia es un revés para Washington, que insiste que su sistema judicial asegura que “los acusados son informados de sus derechos procesales, y estos son respetados y defendidos por los jueces”.

Sin embargo la CPI, con sede en La Haya (Holanda), concluyó que EE.UU. violó el artículo 36 de la Convención de Ginebra en 51 casos presentados por México, al no informar a los detenidos “sin dilación” de su derecho de contactar con su consulado.

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La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) indicó que la decisión abre el camino para que los ciudadanos extranjeros eviten la pena de muerte en Estados Unidos.

El contacto con representantes del país propio puede ser crucial durante el proceso penal, según juristas del HRW, pues los consulados ayudan frecuentemente a conseguir mejores abogados, costean exámenes y expertos, y orientan a sus ciudadanos detenidos sobre cómo funciona el sistema judicial de EE.UU. y cuáles son sus derechos.

El vocero del Departamento de Estado norteamericano, Adam Ereli, dijo que el Gobierno “estudiará cuidadosamente la sentencia”. Esta es la tercera vez en cinco años que EE.UU. debe responder ante la CPI por la misma infracción. Anteriormente, la Corte ordenó a Washington que no ejecutase a dos prisioneros de Paraguay y Alemania hasta que no emitiese un dictamen sobre el tema, pero los estados donde estaban encarcelados lo hicieron de todas formas, aunque según el derecho internacional los fallos de la Corte de La Haya deben ser de acatamiento obligatorio. Asunción abandonó el caso, pero Berlín lo continuó y al final la CPI confirmó que EE.UU. violó el derecho internacional.

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Ahora, los estados de Texas y Oklahoma, los que más aplican la pena capital, descalificaron la sentencia. Oklahoma dijo que mantendrá la fecha de ejecución del mexicano Osvaldo Torres Aguilera, acusado de asesinato, para el próximo 18 de mayo, argumentando que la CPI no tiene jurisdicción en su sistema de justicia.

Según sus abogados, Torres nunca fue notificado que tenía derecho a recibir asistencia legal de su país y tampoco se informó al gobierno mexicano sobre su situación hasta después de su condena.

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Legales
Ejecuciones
Al menos 20 extranjeros han sido ejecutados en EE.UU. en la última década, “casi todos sin notificación consular”, y actualmente más de 120 ciudadanos de 29 países están en los corredores de la muerte de este país.

Programa
México, que no tiene pena de muerte para civiles, cuenta en EE.UU. con un programa de asistencia legal para condenados a muerte, que ha intervenido en 110 casos.

Proyecto
El presidente Vicente Fox envió un proyecto para eliminar la pena de muerte en delitos militares y afirmó que la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas decidirán qué hacer con EE.UU. si Washington no acata el dictamen.