No se reubicará a las 150 familias desalojadas

Una cuadrilla de jóvenes armados custodiaba ayer el terreno. Él no dio su nombre. Sus pies, ahora descalzos y manchados por el lodo, delatan que Griselda Gonzabay se quedó con lo que llevaba puesto. Fue tan sorpresiva la llegada de las cuadrillas policiales  el jueves pasado, como ella contó, que su familia apenas alcanzó a salvar  parte de sus pertenencias.

La vivienda que primero era de caña y que después, poco a poco, se armó con bloques de cemento, fue una de las estructuras demolidas aquella mañana.

La casa se asentaba sobre un terreno de 84.000 metros cuadrados de extensión de propiedad de Pedro Verduga. Sobre el predio unas 150 familias formaron hace 20 años lo que denominaron la Precooperativa El Trébol I en los Vergeles, al norte de Guayaquil.

Un carro de juguete cubierto de polvo y cinco gallinas blancas que cacareaban sin parar sobre una carretilla eran parte de lo salvado.

Griselda durmió la noche del jueves a la intemperie para cuidar lo poco que sacó. “Nos acostamos en la arena con mis  hijos y mi esposo junto a las cosas”, asevera mientras observa lo poco que le queda. 

Pero su primogénita, Joselyn Fiallo, sufrió la peor parte. Ella, según su progenitora, se encontraba en la casa con sus tres hermanos cuando las paredes empezaron a crujir y temblar porque eran empujadas por las retroexcavadoras. El impacto fue tal que el niño que la joven llevaba en su vientre apresuró su venida, contó Griselda. “Son unos salvajes. Con las máquinas chocaban las paredes para presionar nuestra salida. En ese rato le llegaron los dolores a mi hija y corrimos a la maternidad en un taxi”, exclama su madre, indignada. 

“No tenemos a dónde ir. Nos hemos quedado en la calle”, comenta su esposo, Gilber Junco, de 32 años.
Ellos y otros perjudicados como Humberto Bedón, de 88 años, admiten que ocuparon la zona cuando solo había monte y lodo hace 20 años.

El desalojo en la cuadra de Bedón fue más trágico. Según él, por el apresuramiento sus placas dentales quedaron bajo los escombros de su casa. Aún llora cuando lo recuerda. “Me arrastraron pese a que ando con una muleta”, dice con tono sollozante.

Él es un ex teniente retirado de la Policía del Guayas. “Les entregué 30 años de mi vida y ahora me pagan con este abuso”, acota mientras junta sus manos y levanta su mirada al cielo para implorar ayuda. “Dios qué pecado cometí para quedarme sin nada”, reitera.

El percance ocurrió mientras su esposa, Marcela Campos, de 35 años, intentaba salvar las planchas de zinc de su techo. “No me escucharon y tumbaron a mi esposo y lo arrastraron”, dice.

La intendenta de Policia del Guayas, Flor María Merino, manifestó que la orden de desalojo está planteada desde antes que ella asumiera el cargo en mayo pasado. “Un recurso de amparo impuesto por los moradores atrasó el desalojo”, acota. La funcionaria desestimó los abusos cometidos durante la diligencia y precisó que los habitantes estaban advertidos “Todo está grabado y la demolición va por cuenta del dueño. La policía solo supervisa”, afirmó. Ella agregó que enviará un contingente policial al sector.