Liliana Ortega, una de más prominentes activistas de los derechos humanos de Venezuela, ha sido señalada por el gobierno presidente Hugo Chávez como traidora a la patria.
 
Chávez acusó al Comité de Familiares de Víctimas del 27 de febrero (Cofavic), que dirige Ortega, de haber recibido fondos del gobierno estadounidense para desestabilizar a su gobierno.
 
El hostigamiento se incrementó después que Cofavic denunció algunos casos de tortura y abusos que habrían cometido los cuerpos de seguridad durante unas manifestaciones callejeras que realizaron opositores el mes pasado en protesta por el retraso del referendo sobre recorte de mandato de Chávez.
 
Están tratando de desacreditarnos, de quebrar nuestra moral. Hay una guerra abierta y sucia contra las organizaciones de derechos humanos, señaló Ortega.
 
Venezuela promovió el pasado 31 de marzo un debate sobre los derechos humanos en el seno de la OEA, donde fustigó a los Estados Unidos y trató de socavar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), instancia que depende de la organización regional.
 
Los ataques contra la CIDH coincidieron con un informe que divulgó la comisión el mes pasado en el que criticó las acciones de los cuerpos de seguridad venezolanos durante los recientes disturbios.
 
El embajador de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero, acusó a la CIDH de haber   lanzado en los últimos días una intensa campaña para distorsionar la realidad sobre los derechos humanos en Venezuela.
 
El embajador estadounidense en la OEA, John Maisto, respondió a los comentarios de su colega denunciando   el intento de Venezuela desacreditar a la comisión.
 
Maisto dijo que   repiten como loros las críticas contra esta organización (la CIDH) echas por el más flagrante y feroz violador de derechos humanos en este hemisferio, el dictador cubano Fidel Castro.
 
El gobierno venezolano ha desestimado las críticas de las organizaciones humanitarias argumentando que sus señalamientos forman parte de una campaña financiada por Washington para derrocar a su gobierno.
 
El pasado 15 de febrero Chávez acusó a Cofavic y otras tres organizaciones defensoras de derechos humanos locales de recibir fondos de los Estados Unidos.
 
Cofavic, Red de Justicia por la Paz, Provea y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, negaron haber recibido financiamiento de los Estados Unidos.
 
Ortega informó que su organización tiene nueve casos documentados de torturas que se registraron durante las protestas del mes pasado.
 
La activista citó el caso de Carlos Iscaray, un violonchelista de 26 años que integra la Orquesta Sinfónica de Venezuela.
 
Iscaray declaró que él y otras personas fueron golpeadas brutalmente, y les aplicaron electricidad en el cuerpo, luego que fueron detenidos por la guardia nacional en los disturbios del primero de marzo.
 
El joven músico relató que los militares les lanzaron gas lacrimógeno dentro del camión donde estaban detenidos, y les rociaron en el rostro los químicos de las bombas lacrimógenas.
 
Iscaray no ha podido retornar a su trabajo debido a que su brazo derecho aún está entumecido por la golpiza que le dieron los militares.
 
La Fiscalía General inició el mes pasado las investigaciones sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en las protestas.
 
Chávez y otros altos funcionarios del gobierno han desestimado los casos, y han manifestado que por los menos siete guardias nacionales resultaron heridos de bala en las protestas del mes pasado.