La asesora Condoleezza Rice ha estado encabezando el ataque de este gobierno en contra de Richard Clarke, el ex asesor presidencial que ha criticado el historial de Bush en el área del terrorismo.

El New York Times publicó lo siguiente en uno de sus editoriales del miércoles 31 de marzo:
El presidente Bush finalmente accedió este martes a permitir que su asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, rinda testimonio en público y bajo juramento ante el panel que investiga los atentados del 11 de septiembre.

Sin embargo, Bush hizo lo correcto solo bajo intensa presión política y después de que hubiera socavado los principios que él alegaba estar sosteniendo.

Su cambio de opinión llegó bajo perturbadoras condiciones, envuelto en una andanada de giros políticos.

Considerando todo, deja la impresión de una Casa Blanca menos interesada en ayudar al panel que investiga el 11 de septiembre a efectuar una tarea vital y más en proteger los flancos políticos del Presidente.

Existe mérito en el argumento de que el asesor más cercano de Bush sobre la guerra, terrorismo y otros asuntos de gran importancia, tenga derecho a cierta confidencialidad. Pero si sostener ese principio fue una inquietud del gobierno actual, Rice estaba obligada, a su vez, a mostrar discreción pública.

En vez de hacerlo así, ella se volvió parte de la maquinaria del mandatario estadounidense en pos de la reelección.

La regularidad con la que Rice ha aparecido en programas de entrevistas por televisión se ha convertido en una broma actualmente. Resulta difícil alegar la necesidad de proteger la propia intimidad cuando estás pasando tanto tiempo concediendo entrevistas por televisión, como ha hecho Rice en fechas recientes.

La asesora ha estado encabezando el ataque de este gobierno en contra de Richard Clarke, el ex asesor presidencial que ha criticado el historial de Bush en el área del terrorismo.

Si bien funcionarios del gobierno de Bush han acusado a Clarke de mentir con el fin de promover un libro, la Casa Blanca ha trabajado para abrir el testimonio congresional de Clarke, que había sido presentado con el mismo entendimiento de confidencialidad que Rice reclamaba.

Y cuando los comisionados de la averiguación del 11 de septiembre intentaron cumplir su mandato, ordenado por el Congreso estadounidense, tratando de resolver las diferencias entre la versión de Rice de la realidad y la de Clarke, el Presidente se negó obstinadamente a dar su autorización para que ella testificara como lo hizo Clarke, bajo juramento.

Este martes, el abogado de Bush le dijo a la comisión que Rice rendiría su testimonio. Y tras meses de retrasos inaceptables, el abogado dijo que Bush y el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, también hablarían con la totalidad de la comisión en privado, no bajo juramento.

Sin embargo, el panel tuvo que pagar un precio: accedió, tras la insistencia del gobierno, a que después del testimonio de Rice, no la llamará de nuevo ni solicitará que otro funcionario de la Casa Blanca rinda su testimonio en público.

La negativa inicial de la Casa Blanca para permitir que Rice testifique y el cínico uso de una asesora confidencial como un acusador público ya habría sido bastante malo.

Con todo, encajan en un desagradable patrón. Este Presidente ha abusado en repetidas ocasiones de su privilegio ejecutivo al tiempo que busca ocultarse detrás de él, empezando cuando Cheney invocó el mismo privilegio para reunir a ejecutivos empresariales en secreto con el fin de trazar la política de energía del gobierno actual.

Bush pudiera estar en lo correcto al sostener que esta batalla ha afectado su importante, aunque limitado, derecho al privilegio ejecutivo. De ser así, las heridas fueron autoinfligidas.

© The New York Times News Service