Me refiero por supuesto a quienes emigran de los países pobres y subdesarrollados del tercer mundo hacia los países del primer mundo, destinos que, en el caso ecuatoriano, son principalmente España y Estados Unidos.

En este último país, en especial, la están pasando muy mal aquellos que son ilegales. No es que en los otros territorios la pasen bien, pues todo aquel que se ve en la necesidad de convertirse en un desterrado voluntario pero obligado, debe padecer al salir de su entorno, de su familia y de sus amigos; pero es que la lucha contra el terrorismo y las medidas preventivas y protectoras ante la psicosis de ser víctimas de un atentado masivo, han hecho que exista una especie de persecución a todos los indocumentados. El temor o el miedo al terrorismo lo están pagando los inmigrantes.

En Estados Unidos se ha creado uno como superministerio, un Departamento de Seguridad Interna que está por encima de la otrora poderosa Oficina de Inmigración, el que ha organizado y ejecutado una operación antiinmigrante que no se compadece con las urgencias de la gente que ni siquiera busca el denominado sueño americano sino simplemente subsistir.

Esta política parece estar impulsada por la campaña presidencial, por estar el país en un año electoral, ya que se supone que son inmigrantes, en buena parte, los responsables de actos terroristas, preocupación mayor del gobierno norteamericano, y al combatirlos, el gobierno está demostrando su preocupación por la seguridad de sus ciudadanos. Además, se atribuye a los inmigrantes el aumento de la delincuencia y de otros factores negativos que intranquilizan a la población.

Lo cierto es que el inmigrante sin papeles, como persona proscrita, no puede tener licencia de conducir en un país donde ese documento es una cédula de identidad, por lo que, sumado a la dificultad para transportarse, no puede tampoco acceder a trabajos medianamente remunerados, por lo que se ven forzados a caer en las fauces de patronos que al emplearlos clandestinamente los explotan con un salario de miseria.

Los inmigrantes, víctimas de esos abusos o de cualquier delito común, tienen miedo de acudir a las autoridades o a la policía, pues ante la persecución existente temen ser deportados, lo que los hace objeto de una nueva injusticia. Nadie hace una denuncia porque mira al policía como a un enemigo que lo puede encarcelar para sacarlo del país al que tanto esfuerzo le costó llegar. Y para colmo de males, las estadísticas indican que son también los inmigrantes las mayores víctimas del sida, pues carecen de información y no entienden el idioma ni los consejos para prevenir la enfermedad.

La tragedia para los inmigrantes es que cada país es soberano y como tal puede establecer a su voluntad las reglas para recibir a los extranjeros, a unos extranjeros que, cuando son ilegales, ni siquiera pueden acudir a su consulado en busca de auxilio porque carecen de un pasaporte que demuestre su nacionalidad o ciudadanía, a lo que debe agregarse que un consulado, dependencia oficial de un gobierno extranjero, no puede con facilidad asistir a una persona que se encuentra vulnerando la ley en el país amigo donde tiene su sede.

¿Terminará algún día el calvario de la gente que tiene desesperadamente que emigrar?