Creo que todos coincidimos en que el ministro Mauricio Pozo es un profesional que sabe lo que quiere y lo hace. Su capacidad y decisión no están en duda. En eso se diferencia de otros  sectores del Estado, que dicen y se desdicen. Lo malo es que algunos de sus argumentos se vinculan con normas perversas que se han venido acumulando desde años atrás y que resienten al más elemental sentido común.

El sistema que se ha venido creando, bajo recomendaciones internacionales, es tremendamente perverso y entonces siempre habrá la excusa de limitantes y condiciones legales o reglamentarios. Varios ejemplos.

Cualquier persona o entidad –antes también el sector público– tiene un ingreso y puede girar un cheque inmediatamente que se confirme la provisión de fondos.

Para el sector público, dentro de la falsa modernidad impuesta, antes del actual Gobierno, se modificó el sistema: los ingresos solo pueden depositarse en una cuenta de ingresos de banco privado, que tiene derecho a retener cuatro días el saldo; entonces lo transfiere al Banco Central. La institución tiene que disponer al Central la transferencia a una cuenta pagadora –que no es la misma que la de los ingresos– de un banco privado designado para el efecto por el Central, proceso que normalmente demora dos días, con lo cual entre recibir fondos y pagar, con suerte –porque son frecuentes los errores y atrasos de procesamiento– pasan siete días. ¿Para qué toda esta maraña, contra la eficiencia? Averigüe Dios y quizás no perdone.

Se supone que los ingresos son programados para ingresar desde el inicio y durante la ejecución de un ejercicio presupuestario. La perversión es que la disponibilidad solo se da cuando está próximo a terminar un ejercicio; pero como la mecánica de Ley para convocar concursos y licitaciones lleva semanas y meses, no se alcanza a cumplirla; aclarando que si no hay el dinero, no se puede convocarlos. He visto directores de hospitales que han dicho que las asignaciones se las transfirieron en diciembre, pero como la Ley dice que si no se ha gastado hasta el 31 de diciembre, se reintegrarán al Estado los fondos no utilizados, inmediatamente se los quitaron. Si el Estado fue moroso en transferir los fondos, debería haber la asignación en el nuevo ejercicio fiscal, para que las entidades no pierdan los fondos. Otra conducta es tramposa y perversa.

Otra forma de perversidad es la telaraña de normativas e instructivos orientados a no transferir fondos, que es lo que el Ministro define como justificativos, que a veces se han presentado, pero no los procesa el Ministerio de Economía, y le paran los trámites a la entidad que sí cumplió.

Con todo legalizado y reconocido, muchas veces el Ministerio no cumple su obligación de transferir los fondos que adeuda. Hay devoluciones de IVA retenidas, sin que falte trámite alguno, desde el 2002 y estamos en el 2004.

Si se quiere rescatar la verdad de las finanzas públicas tiene que hacerse una depuración de activos y pasivos de la caja fiscal. Puede que no haya recursos para que inmediatamente se paguen los valores que se adeudan, pero hay que ir eliminando las perversidades. Es imperativo, ético rescatar la transparencia del manejo de los recursos.