Salgado recuperó más en la Costa

Las acusaciones

QUITO

El 13 de septiembre pasado, Luciano Tituaña, economista de Auditoría Uno de la Contraloría, recibió la orden de trabajo para liderar el equipo de auditoría que realizó el cuarto Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del 2003.

La subasta de diario El Telégrafo fue suspendida, sin que hasta la fecha se haya decidido cuándo saldrá a la venta. La última valoración, de Avaluac, señala que los activos suman 2,7 millones de dólares.
 
Después de cuatro meses de investigaciones, el borrador del informe estuvo listo sobre el escritorio del contralor subrogante (encargado), Genaro Peña, a fines de enero.

El 9 de febrero, la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, fue llamada a la lectura de resultados: 43 recomendaciones para corregir errores administrativos e irregularidades en la contratación de martilladores en las subastas; en la contratación de Thesis Antares para la valoración de la cartera reestructurada por el zar de las deudas, Roberto Toso; en el pago de dietas al Secretario General de la AGD; en el pago de viáticos, entre otras.

El informe de la Contraloría no establece el perjuicio económico de estas acciones, pero advierte, por ejemplo, que el pago de viáticos “ocasionó desembolsos en exceso por 10’374,65 dólares. Además, no se proporcionó documentación que sustente el pago de viáticos por 1.880 dólares”.

Muchas de las observaciones (entre ellas, la falta de control en la contabilidad interna) se repiten en los tres exámenes anteriores, aplicados a los periodos de James McPherson, Bruno Leone, Walter Valarezo, Luis Villacís, Patricio Dávila y Oswaldo Tamariz.

El organismo de control sostiene que no existen avalúos de los bienes incautados y embargados. “De los datos publicados se concluye que, como efecto de los autos de pago colectivos hasta el 31 de octubre del 2003, la AGD  recaudó 163,1 millones de dólares por los 135 embargos y 55 incautaciones; sin embargo, esas cifras no son reales en razón de que los valores divulgados corresponden a los montos de las obligaciones que mantenían los deudores con las IFI (instituciones financieras) en saneamiento y no a las recuperaciones reales”.

Al final, el informe también establece irregularidades en el contrato suscrito entre la gerenta Wilma Salgado y el abogado, Bolívar González.

Estas observaciones sirvieron de base para la elaboración de un informe paralelo de indicios de responsabilidad penal, que a su vez sirvió para que el 17 de marzo pasado el fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras, inicie las investigaciones  de Salgado y González.