Lo que cobró

Wilma Salgado cumple hoy 385 días como gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en medio del descontento oficial y el apoyo de organizaciones populares e indígenas.

En el informe que preparó la semana anterior para el presidente Lucio Gutiérrez advierte, principalmente, dos acciones que considera como logros: la recuperación de 251 millones de dólares de cartera E (incobrable) y la devolución de los ahorros retenidos a 4.510 clientes, por 47,5 millones de dólares.

Para lograr esos objetivos, publicó en la prensa tres citaciones masivas: la primera y la segunda, en mayo y junio del 2003, y la tercera, en febrero de este año.

Pese a la reacción de las cámaras empresariales, que cuestionaron el procedimiento legal, a la publicación de más de 20 mil nombres siguió la incautación y embargo de bienes de 190 morosos, que de acuerdo al informe presentado en enero, alcanzó 163 millones de dólares. Las cifras hasta marzo no están listas.

Cuando Salgado llegó a la Gerencia, el 12 de marzo del 2003, en la página web de la AGD se registraban 2.842 juicios por la vía  coactiva, por 53,7 millones de dólares; sin embargo, luego de la publicación de la primera lista de deudores (24 de mayo) hasta el 28 de agosto del 2003, se iniciaron 23.443 procesos con coactiva.

Durante la gestión de Salgado, la AGD ha realizado ocho subastas de bienes inmuebles, que dejaron 2,7 millones de dólares, de los cuales 613.399 es dinero en efectivo y 2,1 millones en certificados de Depósitos Reprogramados (CDR) y de Pasivos Garantizados (CPG). La Agencia está obligada a recibir papeles como parte de pago de las deudas que cobra y de los bienes que remata.

Después de varias postergaciones y como una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, también se vendió una parte de la cartera reestructurada por el zar de las deudas, Roberto Toso, y se recuperaron 285.000 dólares.

La gerenta afirma que la devolución a los depositantes se llevó a cabo en los cronogramas semanales previstos y que una de las prioridades fueron los perjudicados del Banco del Progreso, a quienes pagó 5,8 millones de dólares, de los cuales 3,2 millones fueron fondos transferidos por el fideicomiso constituido con los activos de Emelec.

Detrás de todas las operaciones de cobro siempre ha estado Bolívar González, el abogado de coactivas contratado por Salgado el 16 de mayo del 2003.

En el convenio se establece un honorario equivalente al 3% de lo que recupere y en el adéndum, suscrito en junio, se autoriza el pago de anticipos.

En total, Bolívar González recibió por su gestión 4,1 millones de dólares, aunque Salgado advirtió que existe una deuda pendiente por 800.000 dólares.