Cualquier abogado sabe que los accionistas no necesariamente influyen en las decisiones de la empresa donde tienen cierta participación, por lo que resulta inevitable que en dicho listado se haya mezclado a personas que probablemente serán culpables de no honrar sus deudas con otras que en realidad son inocentes.

No es la primera vez que la AGD actúa de este modo; ya en ocasiones anteriores se hizo lo mismo, amalgamando los nombres de unos cuantos estafadores con los de muchísimos honrados ciudadanos que no habían cometido ningún delito. La AGD reconoció el error.

La nueva lista se publica en momentos en que la Gerenta y funcionarios de la AGD enfrentan acusaciones legales. No desconocemos que eso ha puesto en juego poderosos intereses. No ignoramos, tampoco, que los organismos de control y de justicia no actúan siempre con independencia. En estos días hemos visto a diputados presionando para  que se dicte una orden de prisión, así como manifestaciones callejeras para que se anule todo el proceso.

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Esos procedimientos arbitrarios e ilegales deben dejarse a un lado. Lo que interesa son los hechos: ¿ha habido un cobro eficiente en la AGD? ¿Se está actuando con apego a la ley?

Que el debate se concentre allí, y no en maniobras políticas y propagandísticas que solo sirven para seguir destruyendo la institucionalidad del país.