AGD
La gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, presentará hoy a las 13h00, en el Congreso, los resultados de su gestión.

La funcionaria argumentará que los recursos que utilizó para pagar los servicios del abogado de coactivas, Bolívar González, son privados y no públicos, pues corresponden al 3% adicional que pagaron los deudores coactivados, y que, por tanto, no hubo desvío de fondos.

 “En consecuencia, la acusación de peculado carece de fundamento”, dice la funcionaria. Las estadísticas de la AGD muestran que entre el 16 de mayo del 2003 y el 2 de febrero del 2004, la Agencia recibió 3,2 millones de dólares del fideicomiso de Emelec y que, sin embargo, pagó a los depositantes, en ese mismo periodo, 5,8 millones.

Publicidad

Salgado admite que no hubo concurso para la contratación del abogado de coactivas, pero argumenta que el artículo 32 de las reformas introducidas a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (publicadas en el Registro oficial del 28 de enero del 2003) le permite celebrar contratos con terceros, para lo cual “no se requerirá de más procedimientos ni informes previos que los previstos en el Reglamento que el Directorio de la AGD dictará para el efecto”.
 
CONTRALORÍA
La Contraloría se fundamenta en tres indicios de responsabilidad penal en contra de la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y su abogado de coactivas, Bolívar González.

El primer cuestionamiento es que la AGD no cumplió con el reglamento interno y las normas del Procedimiento para la contratación de consultores individuales, formas privadas de auditoría, administradores temporales y asesores especializados. “Es decir se fraguó un concurso”, dice la Contraloría, en un comunicado del 24 de marzo.

El segundo se refiere a la calidad del dinero que maneja la AGD. Para la Contraloría, basada en el artículo 3 de su Ley Orgánica, el pago de honorarios al abogado se realizó con recursos públicos.

Publicidad

El tercer cuestionamiento advierte que entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del 2003 (periodo del examen especial), el abogado recibió 4,1 millones de dólares, cuando el monto correspondiente al 3% de las recaudación real estipulado en el contrato era de 133.284,18 dólares, “lo que significa que la diferencia cancelada se lo hizo con recursos de la AGD y de los recibidos de Emelec para el pago a depositantes.