El dirigente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Pedro de la Cruz, dijo en una entrevista en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), que considera que la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), economista Wilma Salgado, ha luchado contra la corrupción, razón por que las organizaciones sociales le reiteran su respaldo.
 
De la Cruz considera que el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez,   no ha cumplido su ofrecimiento de campaña, de combatir la corrupción, porque se encuentra rodeado de personas que están en entredichos.
 
El dirigente social dice que cuenta con la documentación que prueba que Salgado no ha cometido peculado, una vez que el dinero usado no entró en las arcas del Estado, sino que se trata de dineros que cobran a los deudores, por lo que aseguraron que eso es legal y expresó que creen firmemente que la AGD se ha creado para cobrar las deudas que dejó la banca cerrada, y que lo que se pretende con la salida de la funcionaria es no cobrarle a los grandes deudores.
 
Entre los documentos de su investigación acerca de la AGD -dijo-, hay un informe de la Comisión de Control Cívico y de la corrupción, que fue enviado por este organismo a la Fiscalía, en el que se recomendaba investigar a Patricio Dávila por posibles irregularidades, lo que no se llevó a cabo.
 
Anunció también que este miércoles se reunirá con otros sectores sociales para analizar la postura que tomarán en caso de que en la reunión que mañana mantenga el Directorio de la AGD se retire de sus funciones a Salgado, y agregó que la vigilia que comenzó ayer seguirá hasta mañana.
 
La Fiscalía responsabilizó a la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, y al abogado de coactivas de la entidad, Bolívar González, del delito de peculado, generado en el pago de honorarios a González por recuperación de cartera vencida.
 
El delito de peculado, contenido en el artículo 257 del Código Penal y que según la Constitución no prescribe con el paso del tiempo, establece una pena de reclusión mayor extraordinaria de cuatro a ocho años de prisión. Sin embargo, no se deja claro si la funcionaria debe dejar el cargo.