Un recorrido sorpresa en varios establecimientos fiscales, del nivel primario y secundario de la ciudad, dejó al descubierto los excesos en el cobro de la contribución voluntaria de 25 dólares, fijada por el Ministro de Educación para este nuevo año lectivo.

El operativo de control estuvo a cargo de la subsecretaria de Educación, Aracelly Consuegra, y el defensor del Pueblo, Franklin Moreno.

Ambas autoridades visitaron dos colegios y varias escuelas para constatar personalmente si se cumplía con el cobro de los 25 dólares por autogestión, cantidad que según la subsecretaria, no tiene nada que ver con el valor de la matrícula, que debe emitirse gratuitamente.

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En esto también hizo hincapié Franklin Moreno, quien recordó a los directores y rectores su obligación de entregar la matrícula a los padres de familias que no puedan aportar los 25 dólares.

El funcionario explicó que la modalidad en los establecimientos educativos debe ser el de matricularlos, sin la exigencia previa del depósito en el banco de ningún rubro.

“Los 25 dólares debe ser opcional y tiene que entregárselo en el transcurso del año, no antes de la matrícula, porque eso es ilegal, pues está violentando la norma constitucional”, expresó Moreno.

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Los rectores de los colegios Francisco de Orellana y Amarilis Fuentes, Jorge Domínguez de Flores e Italia Luna Castro, respectivamente, dijeron cumplir con la ley y negaron que se cobra más allá del monto establecido.

Luna mostró un talonario en donde indica que la matrícula se emite sin valor.

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El rector del Orellana señaló también que solo cobra los 25 dólares, por disposición de los padres de familia.

Cobros excesivos
Pese a que los rectores reiteraban que cumplían con la ley, en las afueras de los planteles los padres de familia vivían su propio drama.

En el Francisco de Orellana el valor de la matrícula asciende a 33 dólares, pues se cobra un rubro adicional por computación.

Ante ello la subsecretaria Aracelly Consuegra fue clara: “El rector deberá devolver estos valores, de lo contrario recibirá sanciones que van desde una amonestación verbal, un llamado de atención, hasta la apertura de un expediente administrativo”.

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En la escuela Rosalía Arteaga, situada en la isla Trinitaria, las madres se quejaban de no tener los 15 dólares que cobraban obligatoriamente por matrícula a cada estudiante.

“Tengo cuatro niños aquí y por cada uno debo desembolsar 15 dólares, 60 en total, dinero que no poseo”, manifestó Doris Quintero.

Esta versión difiere con la del director Marcos Salinas, quien dijo que cuando hay varios hermanos se cobra solo el valor de uno. También habló de que el rubro no es obligación y puede prorratearse.