Crisis en los centros de reclusión

Problemas por el hacinamiento de personas aprehendidas se presentan en los centros de detención provisional de la Policía Judicial, en Quito, por la negativa de los trabajadores carcelarios a recibir nuevos internos en los centros de rehabilitación social.

En tres calabozos permanecían hasta ayer 131 detenidos, cuando la capacidad máxima es de 60 personas, entre hombres y mujeres. Los internos deben dormir sentados y buscar la manera de satisfacer sus necesidades básicas.

Por este motivo  se debió improvisar una celda para las mujeres en el gimnasio de la institución.

“Se avecina una grave crisis porque mañana será imposible recibir a un detenido más”, señaló el coronel Jorge Guerrón, jefe de la Policía Judicial en Pichincha.

Normalmente, los aprehendidos están máximo 24 horas en las celdas provisionales.

Guerrón informó que para tratar de evitar la crisis, le han solicitado a la Policía de Tránsito que ceda las celdas que se utilizan para los detenidos por infracciones de tránsito.

La Policía Judicial actualmente solo retiene en sus calabozos a quienes cometen delitos flagrantes. A los detenidos por otras causas los llevan a las comisarías, intendencias y a las procuradurías de niños  y adolescentes.

Continúa paro
Los trabajadores carcelarios, mientras tanto, mantienen la exigencia de que el Gobierno transfiera 10 millones de dólares para cancelar las deudas del sistema carcelario con los proveedores de servicios básicos y alimentos para los presos.

Ricardo Arteaga, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Carcelarios, indicó que todos los centros de rehabilitación social tienen un déficit mensual de 600 mil dólares. A eso se suma una deuda de 3 millones de dólares por el pago de tres meses de agua, luz y teléfono. “No vamos a ingresar un solo interno más porque no tenemos espacio”, expresó Arteaga.

Los trabajadores carcelarios solicitan al Gobierno que el presupuesto para Rehabilitación Social se incluya en la pro forma presupuestaria del 2005.

En Guayaquil, en una reunión que mantuvo con Fernando Cassis, director nacional de Cárceles, y Abel Jiménez, director de la cárcel de  varones de Guayaquil, el gobernador de la provincia, Felipe Mantilla, se comprometió a entregar  300 mil dólares mensuales, a partir de abril, para satisfacer las necesidades de  los centros de reclusión.

Señaló además que las cárceles no constan en el presupuesto general del Estado debido a que se financian mediante la autogestión.

En Cuenca, la medida de protesta cuenta con el apoyo de los internos, quienes exigen que se incremente el presupuesto para su alimentación y capacitación.