La funcionaria explicará el miércoles al directorio de la AGD su  gestión durante un año.

Dos cartas políticas se jugará la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, antes de acudir, este miércoles, a la reunión del Directorio de la institución, en la que se decidirá si permanece o no en su cargo.

La primera será su comparecencia al Congreso, este martes, a las 12h00.
Allí, Salgado expondrá los resultados de su gestión ante un pleno que, apenas conoció que el fiscal Jorge Cano había solicitado la prisión preventiva de la funcionaria por supuesto peculado, se pronunció a  favor de ella, el 18 de marzo pasado.

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La segunda es la presión que puedan ejercer las organizaciones indígenas y sociales que se declararon en alerta y preparan acciones ante la posibilidad de que el Gobierno decida removerla.  El dirigente de la Fenocín (Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), Pedro de la Cruz, informó que desde hoy iniciarán una vigilia en las instalaciones de la Agencia.

Según el resultado de la exposición de Salgado en el Congreso y de la reunión del Directorio de la AGD, aseveró Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, se adoptarán nuevas acciones. Pachakutik prepara, entre tanto, un juicio político al contralor subrogante, Genaro Peña, en  caso de que no justifique la falta de resultados en las investigaciones de anteriores administraciones de la AGD, incluida la del hoy diputado Patricio Dávila, indicó Fernando Buendía, miembro de la agrupación política.

En el Congreso, los bloques partidistas se pronuncian con cautela sobre el tema y esperan la argumentación de Salgado luego de que el fiscal Jorge Cano la acusara de supuesto peculado por la suscripción del pago de honorarios al abogado de coactivas, Bolívar González, con quien trabaja para recuperar las deudas.

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El diputado socialcristiano José Javier Varas cree que la AGD olvidó que su función es defender a los acreedores de la banca; sin embargo, explicó que su partido mantiene una actitud discrecional ante la gestión de Salgado.

Su coidearia Cynthia Viteri ratificó la posición partidista; el PSC, dijo, no intervendrá en este caso porque está a cargo de la justicia. Continúan respaldando la gestión de cobro a los deudores de la banca cerrada, sostuvo la legisladora.

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Esta posición, descartaron Varas y Viteri, no es resultado de la actuación que Salgado tuvo en tres casos que centraron el interés socialcristiano.  La gerenta de la AGD apoyó la constitución de un fideicomiso local (fondo) para el manejo de la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec); aprobó la reestructuración de una deuda por 15 millones de dólares que mantenía Agustín Febres-Cordero, hermano del diputado socialcristiano León Febres-Cordero, con uno de los bancos cerrados; y prohibió la salida del país del ex presidente Gustavo Noboa Bejarano (uno de los representantes del Directorio de Filanbanco, en 1997), contra quien Febres-Cordero presentó una denuncia por supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda externa. Varas y Viteri afirmaron que Wilma Salgado actuó en estos casos legalmente y sin concesión alguna para el PSC.