El juicio penal por el delito de peculado que enfrenta la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, no le impide mantenerse en el cargo, afirmaron tres juristas consultados por EL UNIVERSO.

Según Xavier Zavala Egas, Rodrigo Bucheli y Walter Guerrero Vivanco, no existe norma legal que determine que un funcionario deba abandonar sus funciones porque se inició una causa penal en su contra.

En el caso de Salgado, opinaron, solo una decisión del presidente Lucio Gutiérrez o del Directorio de la AGD justificaría su remoción.  Zavala y Bucheli también cuestionaron la actitud apresurada del Jefe de Estado, quien  dijo que dispondría el retiro de Salgado si se comprobaba que el juez había dictado una orden de prisión preventiva en su contra.

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El juez 4º de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, inició el juicio, pero no emitió  orden de prisión. La única medida cautelar que adoptó fue la prohibición de vender o trasladar bienes. En este caso, sostuvo Zavala, Gutiérrez demostró su interés por despedirla, pese a que “no tuvo el coraje o no quiso ejercer su autoridad”.

El jurista recordó el tratamiento diferenciado que Gutiérrez otorgó al capitán Mauricio Galindo, presidente ejecutivo de Pacifictel: le otorgó un permiso de 30 días para defenderse, aunque el juez emitió una orden de prisión.  Según Bucheli, un mandatario que actúa como estadista debe tener los documentos necesarios para emitir un criterio. “Gutiérrez no es un estadista; es un político en la Presidencia”.

Guerrero indicó que hay que tomar en cuenta el principio constitucional que determina la presunción de inocencia de una persona mientras no exista sentencia condenatoria en su contra.  Ayer, Wilma Salgado, gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), trabajó en la defensa de las acusaciones en su contra, en su domicilio.