Cuando el Ing. Lucio Gutiérrez era candidato a Presidente de la República, denunció que en las aduanas se evadían $ 2.000 millones al año, sobre un intento de soborno de Pacifictel, Petroecuador, las eléctricas, los sobreprecios en los contratos de las asignaciones presupuestarias de los municipios, consejos provinciales, ministerios y otros organismos del Estado.

Sus ofertas de combatir la corrupción, devolver el dinero de la banca cerrada, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, etcétera, fueron sus propuestas de campaña.

Ha pasado un año dos meses desde que se posesionó como Presidente y la corrupción no ha sido eliminada y las ofertas de campaña tampoco han sido cumplidas.

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Un mandatario es un administrador, y el pueblo es su accionista a quien debe rendirle cuentas, actuando como ejecutivo en beneficio de este, y no realizando declaraciones como: “Me para el robo del combustible o se va del cargo”; ni criticando al Servicio de Rentas Internas (SRI) por la subfacturación y defraudación al fisco en las aduanas.

Sin embargo, de acuerdo a declaraciones de la Cámara de la Producción, en la balanza comercial, solo con el Perú existe una diferencia de 2.000 millones de dólares que no han pagado impuesto en el 2003.

Ni señalar que la oligarquía corrupta no consiguió apoderarse de millones de dólares de Pacifictel y Andinatel. Pero si todas estas instituciones están administradas por militares activos y pasivos, y aunque la administración del SRI en las aduanas fue cuestionada en el gobierno de Noboa, con lo del cura Flores, se mantiene todavía en su administración.

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De esta manera no se administra un país.

Sugiero que cada funcionario presente planes, metas, con la finalidad de establecer un control de cumplimientos y evaluar los resultados obtenidos a base de las políticas y planes establecidos por el Presidente, y quienes incumplan esas metas deben irse a sus casas.

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Javier Fernández Barrera
Guayaquil