El juez Cuarto de lo Penal  de Pichincha, Vicente Altamirano, dictó a las 08h30 de esta mañana la orden de enajenación de bienes de la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y el abogado de Coactivas, Bolívar González, los que dijeron que "no temen que se investigue la actual administración de este organismo", por lo que la titular de la agencia aseguró que no abandonará el país.

Durante su permanencia en Guayaquil, esta mañana, ambos funcionarios dijeron que "los ecuatorianos aún pueden confiar en la justicia ecuatoriana, una vez que si bien se ordenó la enajenación de sus bienes, como los de González, no se dictó la orden de prisión en su contra", la que según Salgado, "es requerida por los corruptos del país".

La funcionaria insistió en decir que en su gestión no se utilizaron fondos públicos, por lo que expresó que "no teme a la investigación" que será realizada hasta en un plazo de 90 días, tiempo puesto por la justicia luego de una orden de enajenación de bienes, y durante el cual la Gerenta puede presentar pruebas que la liberen de las sospechas de peculado, tal como indica el informe de la Contraloría General.

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 Salgado dijo que estará vigilante para que algunos funcionarios de la Contraloría, entre los que citó al equipo del auditor (Luciano) Tituaña, quien trabaja en la Contraloría General, y el Fiscal Jorge Cano "sean castigados de acuerdo a la ley, una vez que los considera corruptos.

Por su parte, el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, durante un entrevista en Radio Católica, ante el señalamiento erróneo de que se había dictado una orden de prisión en contra de la Gerenta, dijo que "como ella no puede estar en dos sitios a la vez debía renunciar a la AGD, ya que no podría manejar este organismo desde la cárcel".

No obstante, cuando el Presidente se enteró que contra la Gerenta de la agencia no existía orden de prisión, sino de enajenación de bienes, el mandatario dijo que esperaba que el Directorio de la AGD, presidido por el Ministro de Economía, tome la decisión adecuada al respecto.

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Salgado de su lado dijo que según la justicia ecuatoriana todos los ciudadanos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, por lo que "si alguien quiere destituirla de la AGD significa que la están juzgando anticipadamente".

De su lado, el diputado Patricio Dávila dijo que la decisión del juez Altamirano era la correcta, ya que de declarar la orden de prisión, se podía contribuir a una "conmoción social", una vez que según el legislador, Salgado junto a sus colaboradores le han dicho a la ciudadanía que son perseguidos.

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"Ahora le corresponde defenderse como lo hace la gente de honor, presentando las pruebas de descargo y no pretendiendo pasar por el honor de otras personas que no tiene nada que ver en el asunto", expresó Dávila.

"El presidente Gutiérrez y su Gobierno están a servicio de la derecha política y económica del país, y es esa misma derecha la que no quiere pagar los dineros de la banca", expresó el diputado de la Izquierda Democrática (ID), Wilfrido Lucero, refiriéndose a la orden del juez Altamirano, a la que también calificó como una muestra de la persecución de la que es sujeto Salgado. 

Mientras que el jefe de bloque legislativo de Pachakutik, Jorge Guamán, dijo que a pesar de que considera permanente seguirle brindando el apoyo de su partido a Salgado, se reunirá en las próximas horas para oficializar la postura de este movimiento con respecto a la Gerenta de la AGD.

La orden de enajenación de bienes que pesa sobre Salgado y González no permite que puedan vender ningún

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