Regatear espacios de interés colectivo solo ha servido para perfeccionar la corrupción y la impunidad, así que será muy bueno si se le pone un alto a esa mala práctica.

No debería haber ninguna oposición, entonces, a que las disposiciones de la nueva ley tengan vigencia en todas las instituciones que de una u otra manera manejan recursos del Estado, como las fundaciones y corporaciones creadas por los municipios, universidades públicas y otros organismos similares.

Determinados sectores se oponen a dicha apertura con argumentos que no apuntan a lo fundamental.

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Por ejemplo, se ha querido sostener que las fundaciones y corporaciones creadas por los municipios pertenecen al ámbito privado porque su estatuto jurídico tiene dicho carácter, pero se olvida que esas instituciones se sostienen gracias al bolsillo de los contribuyentes, y que ellos tienen pleno derecho a saber cómo se manejaron esos fondos. Afortunadamente, los titulares de algunas de esas dependencias han dado un excelente ejemplo y han pedido ellos mismos que se las incluya en las regulaciones del nuevo texto legislativo.

La Ley de Transparencia no busca interferir en el ámbito privado en la medida en que allí los beneficios o las pérdidas realmente no afectan el erario, y porque en ese ámbito rigen otros instrumentos que garantizan la transparencia.