En el Archivo Nacional de Perú, la ciudadanía puede acceder a la información pública.

El derecho al acceso de la información pública en la República del Perú no es absoluto, pues se incluyen algunas excepciones, como aquella información que pone en riesgo la seguridad nacional y de las personas.

La Comisión de Gestión Pública del Congreso analizó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, donde se incluyen prohibiciones como el acceso a la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil.

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El documento, que reposa en la comisión legislativa, establece que el funcionario responsable de brindar la información deberá prever una adecuada infraestructura, así como de una adecuada organización, sistematización y publicación de la información. La negativa de entrega de la información la asimilan al delito penal de “abuso de autoridad”.

Todas las entidades deben exhibir en su portal de internet información de orden económico; el sitio en la red tiene un plazo para entrar en vigencia y su conformación la determinará el Reglamento.

Se proveerá de información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o cualquier otro formato, y cualquier información financiada con presupuesto público.

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No entregar información se considera denegación, con lo que se agota la vía administrativa, apelable ante el Contencioso Administrativo. La información secreta se la clasifica bajo resolución del Consejo de Ministros y supervisión del Congreso. Esta puede desclasificarse bajo un período de tiempo.

Se considera reservada la información que gira alrededor de un proceso judicial o administrativo. La reserva la puede superar el Congreso, la Función Judicial y el Ministerio Público, en el ejercicio de sus obligaciones.

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La información no se destruye finalmente, esta reposará en el Archivo Nacional en un capítulo especial de transparencia sobre el manejo de las finanzas públicas, a efectos de que los ciudadanos puedan acceder a la supervisión de las inversiones públicas.

El reglamento determinará la divulgación de información en localidades de margen reducido de población. La que debe publicarse trimestralmente, donde además se incluyen los procesos de contratación pública.

La Defensoría del Pueblo en el Perú cumple el papel de vigilancia y promoción del cumplimiento de la legislación sobre el acceso a la información.

Hoy vence el plazo para que los diputados del Congreso Nacional presenten sus observaciones a la Ley de Acceso a la Información. La semana pasada, los socialistas, la ID y los roldosistas anticiparon sus objeciones al informe elaborado por la Comisión de Gestión Pública.

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LEA MAÑANA: EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS.