Vigilar desde Madrid el proceso de investigación de los atentados en las estaciones de trenes, o investigarlo desde Ecuador, son las dos opciones que  solicitó ayer la fundación de Derechos Humanos Santiago Nino, al defensor del Pueblo de Guayas, Franklin Moreno Quezada.

“Este es un delito de jurisdicción internacional, porque allí murieron casi doscientas personas de varios países. Cada nación puede reivindicar a sus muertos, de manera que a los autores de este hecho no se los juzgue solo en España para los españoles. Es lo que pasó con Pinochet”, dijo Jorge Sosa Meza, director de la fundación.

Moreno remitió la petición al defensor del Pueblo del Ecuador, Claudio Mueckay, para que por medio de la Procuraduría General del Estado, o del Comisionado de la Defensoría del Pueblo en Madrid, se gestione la opción más viable.

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“Es una acción de representación de la sociedad civil que se ha visto agraviada, hasta conseguir la sanción para los agresores tras una prolija investigación en la que podamos ser parte procesal de instancias que se ventilen en España, y que permita la indemnización de los familiares de los afectados”, expresó Moreno.