Esta situación impedía el ingreso del nuevo director, Luis Paguay, para que reciba las inscripciones.

Paguay llamó a la policía para abrir el plantel y dejar constancia de lo que recibía, porque “la anterior directora fue destituida. A mí me nombraron el 27 de febrero, pero ella no dejaba que asuma mi cargo, y ahora se fue y dejó la orden de no dejar entrar a nadie”.

Incluso, los padres de familia pedían que se lleven preso al conserje por cerrar las puertas del establecimiento, sin embargo, él no apareció.

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En este caso, tanto padres, como profesores y otros involucrados desconocían la reforma a la ley que el Ministerio de Educación y Cultura acordó recientemente con la intención de garantizar la normalidad de las actividades en los planteles públicos.

Según el Registro Oficial Nº 290, publicado el 11 de marzo del 2004, considera que: “últimamente se ha incurrido en la toma de planteles educativos, ya sea por profesionales de la educación, estudiantes o padres de familia azuzados por los antes mencionados, incrementándose la zozobra e indisciplina en el sistema educativo”.

Por eso, se reformó el literal e del numeral 5º del art. 120 reformado del reglamento general a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, y se establece “la sanción de destitución del cargo y del magisterio nacional (a los profesionales de la educación), por violación de leyes y reglamentos”.

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No obstante, la Asociación de Profesores de Educación Primaria (APEP) a través de su presidente, Bolívar Potes, rechazó este acuerdo ministerial, pues consideró que es “para intimidar a profesores, padres de familia y estudiantes”.

Pero, el ministro de Educación y Cultura, Roberto Passailaigue, explicó que esta es una disposición que servirá para que estudiantes o profesores sean manipulados por personas que “manejan intereses políticos. La toma de los colegios y escuelas públicas es una acción que debe condenarse a los responsables de la movilización”.

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