Nebot apoya a Salgado y Dávila renuncia al PSC

La gerenta de la Agencia no pudo exponer sus argumentos al Presidente de la República.

La reunión de Gabinete empezó ayer, cerca de las 16h00, con una advertencia del presidente Lucio Gutiérrez: solo se tratarán los temas de la agenda, relacionados con la organización de la XXXIV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en  Quito, en junio próximo.

Ninguno de los puntos a tratarse  tenía relación con el pedido de prisión y medidas cautelares contra la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y su abogado de coactivas, Bolívar González.

El fin de semana, Salgado anunció que aprovecharía la reunión para presentarle a Gutiérrez su informe de labores; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los asesores de la gerenta indicaron que no habría ninguna novedad  sobre el tema.

Pero Salgado entró a la reunión. Se sentó frente al contralor subrogante, Genaro Peña, quien autorizó que se entregue un informe acusatorio al fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras, Jorge Cano.

Según Cano, en la ejecución del contrato de honorarios profesionales que firmó la AGD con González se hallan indicios de peculado (abuso de fondos públicos), por lo que pidió al juez cuarto de lo penal, Vicente Altamirano, que expida las órdenes de prisión y medidas cautelares para ambos.

Salgado insistió antes de entrar a la reunión de Gabinete que no se utilizaron fondos públicos en el pago de anticipos a González. “Son recursos privados, de la IFI (instituciones financieras) en saneamiento, por lo que no cabe la acusación de peculado. Y eso es lo que le vamos a decir al Presidente”, dijo.

El fiscal Cano afirmó lo contrario en la instrucción fiscal levantada. “Que en el valor cancelado al Dr. Bolívar González, esto es $ 1’063.225, se incluyen recursos que debían ser destinados exclusivamente para el pago a los depositantes del Banco del Progreso”.

La acusación se basa en una denuncia presentada por Nicolás Brito Grandes, representante de los acreedores del Banco del Progreso, en la que afirma que “los fondos públicos... fueron utilizados dolosamente”.

Pero Salgado no pudo exponer sus argumentos a Gutiérrez. Sus asesores intentaron ingresar el informe por la Secretaría de la Presidencia, pero la dependencia ya estaba cerrada.

Bolívar González anunció que mañana empezará una incautación masiva a deudores con obligaciones superiores a  $ 500.000. “Ahí se van a conocer los nombres”, dijo refiriéndose al pedido del vicepresidente Alfredo Palacio de que la AGD publique los nombres de los funcionarios de la Presidencia y Vicepresidencia que estarían vinculados a los  banqueros prófugos, como había anunciado.