Divergencias en Congreso por Ley de Transparencia

Proyecto tiene más de un año en el Congreso Nacional. La semana próxima continúa el segundo debate.

Incluir a las fundaciones y corporaciones, creadas por los municipios y consejos provinciales del país, universidades, ONG´s y sindicatos públicos, dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es el principal punto de discordia política parlamentaria que enfrenta el proyecto.

La ley ha permanecido en el Congreso por más de un año. La semana anterior, el pleno inició el segundo debate, pero el bloque socialcristiano impugnó el informe, y se aplazó el trámite una semana más, hasta que los diputados presenten nuevas observaciones.

El proyecto reúne las propuestas presentadas por el ex mandatario Gustavo Noboa, la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep); los diputados Luis Almeida (PSC); Ramiro Rivera (DP); y del ex legislador Juan José Pons.

El objetivo principal es garantizar, a todo ciudadano, el acceso a la información que generan las instituciones y organismos del sector público, así como las personas jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del Estado.

Es en el ámbito de aplicación de la ley donde los diputados no logran un acuerdo. Mientras los sectores de izquierda, centroizquierda y roldosistas consideran que la norma debe incluir a los gobiernos seccionales, corporaciones y fundaciones que son creadas por los organismos seccionales; la derecha y el Gobierno muestran resistencia y advierten que, entonces, debe incluirse también a las ONG, universidades y sindicatos estatales.

El socialcristiano Xavier Sandoval manifestó que su partido apela a que se respete la autonomía con la que se manejan los gobiernos seccionales, pero reveló que dentro del Parlamento existe la tendencia de tratar de incluir a las fundaciones y corporaciones, en alusión a lo que creó la Municipalidad de Guayaquil.

“Si la intención es darse un baño de verdad, entonces que ese baño sea total y que todos los que tienen vinculación con las instituciones del Estado, estén obligados a publicitar la información”, subrayó.

El socialista Víctor Granda relató que el año anterior solicitó información al Municipio de Guayaquil sobre los procesos de contratación “para la construcción de los túneles y del famoso árbol de Navidad más grande del mundo”, pero que hasta el momento no contestan su petición, porque argumentan que las fundaciones de ese municipio son entidades privadas. Afirmó que los municipios a través de las fundaciones evaden el cumplimiento de la legislación de la contratación pública.

El prianista Kenneth Carrera también es partidario de que en la ley no solo estén los organismos públicos, sino también aquellas instituciones en las que de manera autónoma trabajan con presupuesto del Estado y a todos los organismos que manejan dineros colectivos, para saber en qué invierten el dinero, porque de lo contrario solamente “vamos a saber la vida de los legisladores, de los ministros, de los directores de las instituciones públicas; y ese no es el juego de la transparencia”.

Hizo hincapié en que debe precisarse lo que es información personal y quién la califica, porque “de repente aquí en este Congreso, puedo declarar por mi propia decisión que mis ingresos como diputado es información personal y no se la doy a nadie”.

El plazo para que los diputados presenten, por escrito, las observaciones a la ley de Acceso a la Información, vence el miércoles próximo; y el pleno del Parlamento retomará el debate la siguiente semana.

EN LA LEY
PROYECTO
Permite a las personas acceder a la información que generan todas las instituciones del Estado, excepto la información calificada como reservada.

REQUISITOS
Para el acceso se exige a cada institución pública colocar la información en páginas de Internet, que serán supervisadas por la Defensoría del Pueblo.

RESERVA
El proyecto respeta la información personal, que constituya una invasión de la intimidad personal y familiar, filiación política, creencias religiosas, actividades maritales u orientación sexual, conversaciones telefónicas, entre otras.

DIFUSIÓN
Las entidades están obligadas a difundir la estructura, proyectos, directorio, remuneración mensual por puesto, servicios que ofrece, contratos colectivos, presupuestos, egresos, auditorías y contrataciones.

DETALLE
Todos los partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado deberán detallar anualmente el uso de los fondos asignados.

INFORMACIÓN
Será información reservada la que comprometa la seguridad nacional o que perjudique la estabilidad financiera o monetaria del país.