No se trata de un fenómeno generalizado, puesto que solo se expresa en ciertas áreas. Pero es suficiente para alterar la actividad de los ciudadanos, porque la reacción inmediata es la que ya conocemos: paros, manifestaciones de descontento, y castigo indirecto a los usuarios, que nada tienen que ver con el problema.

Funcionarios del Ministerio de Finanzas han querido justificar estos retrasos con el argumento de que “cierto atraso es normal en la administración pública durante el primer trimestre de cada año”. Pero un atraso, por definición, debería ser un acontecimiento anormal. No cabe suponer que las instituciones y las personas se organicen bajo el supuesto de que los gastos previstos se tendrán que posponer.

Ninguna obra tendrá éxito si el atraso se vuelve “normal”. Hay que concluir, entonces, que lo que subyace es cierto menosprecio hacia las actividades que se desatienden. Los retrasos son selectivos y muestran las verdaderas prioridades de la conducción del Estado.

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Muy bien que en el área financiera el país ahora sea puntual; muy mal, en cambio, que nos sigamos retrasando en educación, salud, seguridad y apoyo a los gobiernos locales.