Los empleados de la AGD preparan la defensa de la funcionaria y reforzaron su seguridad.

El caso que se investiga por presunto peculado (abuso de fondos públicos) en contra de la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y su abogado de Coactivas, Bolívar González, regresará al juez 4º de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, una vez que la Fiscalía determinó ayer que la funcionaria no tiene fuero de Corte Suprema.

El miércoles de esta semana, el fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras (UEIF), Jorge Cano, ya pidió a Altamirano la prisión preventiva y medidas cautelares contra Salgado y González, pero el juez se excusó de seguir el caso, con el argumento de que la funcionaria gozaba de fuero y, por tanto, debía ser juzgada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana.

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Al siguiente día, el presidente de la CSJ se negó a tramitar la denuncia y devolvió el caso al juez Altamirano.

Ayer, pese a que aún no existe una resolución oficial, la fiscal de Pichincha, María Cerón, aseveró en rueda de prensa que al no gozar de fuero, Salgado está sometida al juzgamiento de los jueces comunes.

En esta ocasión, la fiscal Mariana Yépez no asistió al pronunciamiento del Ministerio Público; pero Cerón estuvo acompañada por los fiscales que integran la UEIF.

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Cano afirmó que no existió apresuramiento cuando dictó la instrucción fiscal en el caso que indaga a la autoridad de la AGD, cuyas investigaciones demoraron siete meses.

Aunque el pedido de las dos órdenes de prisión no es mandatario para el juez, Cano fundamentó sus actuaciones en las presunciones de responsabilidad penal que determinó la Contraloría.

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Al mismo tiempo, en la AGD, Salgado negó que haya cometido peculado y explicó que durante su gestión ha cancelado 24,1 millones de dólares a los depositantes del Banco del Progreso.

González, por su parte, aseguró que en los próximos días mostrará un detalle de los gastos efectuados en la recuperación de cartera.

En los pasillos del primer piso de la AGD, en Quito, hay incertidumbre y todas las reuniones tienen dos fines: preparar la defensa y aumentar la seguridad de la gerenta de la AGD.

El jueves por la noche, los guardias privados de la Agencia detuvieron a dos sospechosos de perseguir a Salgado, que luego fueron identificados como agentes de Policía.

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Cano justifica a Dávila
Pese a que el fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras (UEIF), Jorge Cano, insistió en que tiene las pruebas suficientes para presumir peculado durante la gestión de Wilma Salgado, no explicó por qué no dictó una instrucción fiscal en el caso que investiga al ex gerente de la AGD y diputado socialcristiano, Patricio Dávila, por el delito de peculado.

La investigación contra Dávila también cuenta con el informe de la Contraloría –emitido hace más de un año–, en el que se determinan indicios de responsabilidad penal.

En este caso, Cano se limitó a decir que es una etapa de indagación previa, reservada.