Según informe, hay 111 militares activos en el sector público

Ministerio envió el informe sobre la presencia de las FF.AA. en las entidades públicas, en el Gobierno.

El diputado Ramiro Rivera (DP), vicepresidente del Congreso Nacional, reveló ayer que el número de militares activos en las entidades públicas es de 111, según el informe que le envió el jueves pasado el ministro de Defensa, Nelson Herrera, luego de un pedido que hizo la semana pasada.

De los 111, 71 militares activos pertenecen a la Fuerza Terrestre y laboran -en su mayoría- en la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), la Oficina de Planificación del Estado (Odeplan), Pacifictel, Fondo de Solidaridad, Ministerio de Energía y Minas, secretarías de Deportes y de la Presidencia.

Entre tanto, 40 pertenecen a la Fuerza Naval y la mayor parte presta servicios en la CAE, Petroecuador, Pacifictel y Odeplan.

Rivera dijo que el siguiente paso será solicitar a Herrera que entregue información de la hoja de vida, sueldos que reciben y quién pidió la comisión de servicios de los militares en esas instituciones.

El legislador indicó que es necesario conocer también la lista de militares que tienen problemas con la justicia por presuntos actos de corrupción y por qué no han sido suspendidos.

El informe de Herrera solo contiene el listado de nombres, grados, fuerza a la que pertenecen y la entidad asignados.

El lunes pasado, el ministro de Gobierno, Raúl Baca, informó que el presidente Lucio Gutiérrez decidió retirar a todos los uniformados activos del sector público; sin embargo, el miércoles pasado, el Mandatario sostuvo que no se aplicará tal medida. Se iniciará, dijo, un análisis del nivel de capacitación de dichos militares para ejercer los cargos que asumieron.

“Los militares se prepararon para trabajar en los cuarteles y deben regresar a ellos”, fue la opinión coincidente de los abogados Vladimiro Álvarez, ex ministro de Gobierno; Hernán Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, de Guayaquil; y Javier Cordero, presidente del Colegio de Abogados del Azuay.

Según Álvarez, “los militares tienen una misión: el control de la seguridad fronteriza y la investigación de los grupos de delincuencia organizada proveniente de Colombia”.

La misión de ellos, afirmó Pérez, “se encuentra establecida en la Constitución y el hecho de que estén desempeñando otras funciones causa una perturbación”.

Cordero lamentó que “la indecisión de Gutiérrez, quien indicó que dispondría que los militares regresen a sus cuarteles sin más trámite y ahora rectifica, es perjudicial para el país”.