“Los anticipos de honorarios fueron entregados por las instituciones financieras privadas (cerradas, que entraron a saneamiento desde 1999), con recursos que se les cobraron a los deudores“, explicó.

Sin embargo, esas entidades financieras (IFI), luego del fraude de sus ex accionistas, pasaron a la administración estatal, a través de la AGD.

El Estado entregó a la AGD (en efectivo y en bonos) 1.900 millones de dólares para que cubra sus obligaciones inmediatas, según Salgado.

Publicidad

Con ese antecedente, ¿se trata de fondos públicos o privados? León Roldós, rector de la Universidad de Guayaquil, indicó que “si la AGD o los bancos cerrados pagaron al abogado González, eso es utilización de fondos públicos”, aunque no emitió juicios sobre la legalidad de la transferencia.

Jacinto Velásquez, ex abogado externo de la AGD, también coincidió en que los fondos de los bancos cerrados son públicos.

Jorge Rodríguez, vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, apoyó a Salgado. “Es un problema contable y de interpretación”, dijo.

Publicidad