El Municipio prohibió carretillas en Alborada

El Cabildo adujo que los vendedores bloquean el tránsito. Ellos denunciaron abusos en el desalojo del miércoles pasado. Algunos sí tenían permisos.

El lugar donde trabajaba Carlos Solórzano Chóez ayer estuvo vacío. El hombre de 28 años y cabello rapado cuenta que le es difícil dormir desde la noche del pasado miércoles. A las 21h00, recuerda, la avenida principal de la ciudadela Alborada, la Rodolfo Baquerizo Nazur (norte de Guayaquil), fue cerrada de forma intempestiva.

Fue rápido, repite él: los policías metropolitanos lo golpearon y lanzaron al piso. Minutos antes freía churros en su carretilla. “Ni siquiera me dejaron sacar el dinero de las ventas del día. Me insultaban y se llevaron hasta la comida”.  A sus compañeros de la vía pública, que expenden comida rápida, desde choclos con queso, hamburguesas, tacos, hasta tortillas y chuzos, les ocurrió lo mismo. Carlos recalca que no duerme bien porque su trabajo es vital, aún más porque su esposa, Rosa Alvarado, está embarazada. Es el primer hijo de la pareja.
 
Él ayer, al igual que los demás comerciantes de las 42 carretillas decomisadas (según versión del Municipio), tuvo un largo peregrinaje: acudió a la sede de la Policía Metropolitana -al norte- a retirar sus pertenencias y le informaron que fuera al relleno sanitario Las Iguanas, en las afueras de la urbe (vía a Daule), donde no lo dejaron ingresar.

Hasta allí fueron trasladadas las pertenencias de los comerciantes. Este Diario intentó recabar información y hacer fotografías en el sitio, pero lo impidieron los guardias de seguridad “hasta que traigan un permiso de la Alcaldía”.

Nueve de los 42 carretilleros sí tenían los permisos. Lo admite Gustavo Zúñiga, director de Aseo Urbano y Rural y de Mercados del Cabildo. “Pero incumplieron con sus obligaciones: robaban luz, tenían mesas y sillas cuando eso está prohibido”. El funcionario es radical: “Ya no se permitirá que operen estos negocios en  Alborada, porque congestionan el tránsito. Esto quedará perfectamente definido la próxima semana. No sabemos si podrán ser reubicados”.

No hubo una advertencia sobre el operativo, en el que participaron 16 camionetas del plan Más Seguridad y 87 metropolitanos. Ninguna, repite Ángel Riera, a quien también se le llevaron las pertenencias y su trabajo, al que está dedicado hace cuatro años.
 
La acción municipal, dispuesta por los departamentos de Justicia y Vigilancia, Aseo Urbano y Vía Pública, es cuestionada incluso por los testigos. Uno de ellos es Carlos Viteri Quintero, quien se identificó como oficial de la Marina Mercante, y ayer remitió un oficio al alcalde Jaime Nebot. En él detalla que circulaba por la zona, cuando Zúñiga lo insultó por supuestamente interferir en el operativo.

“No hubo ningún abuso”, argumenta  Zúñiga, quien también ha sido criticado por desalojar a los comerciantes del centro y hasta de la red de mercados. Según él, se actuó debidamente, como lo establecen las ordenanzas. “Hay que definir quién abusa primero... Abusan quienes están ilegalmente en la vía pública. Hay que ordenar completamente a Guayaquil”.

La esquina donde Carlos Solórzano trabajaba desde las 15h00 hasta el amanecer -especialmente los fines de semana- no era la única vacía ayer. Sus amigos comerciantes tampoco estaban en  Alborada, sector conocido para quienes desean comer algo en las noches y madrugadas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Guayaquil,  rechazó las acciones de los metropolitanos. Pero el director de estos uniformados, Eduardo Díaz, un general retirado, prefirió no hablar sobre el tema. Tampoco dijo si hubo o no detenidos.