El Fiscal sustenta su pedido basado en un informe de la Contraloría y una denuncia de Nicolás Brito.

El fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, Jorge Cano, solicitó ayer al juez Cuarto de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, que emita órdenes de prisión y medidas cautelares en contra de la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y del abogado de coactiva, Bolívar González.

El fiscal tiene dos argumentos principales: una denuncia presentada por Nicolás Brito, representante de los acreedores del Banco del Progreso, y el Informe DA1-002-04 de la Contraloría, que establece indicios de responsabilidad penal contra Salgado y González.

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En ambos casos se cuestiona el contrato de honorarios profesionales del abogado, firmado el 16 de mayo del 2003, que contempla el pago del 3% de la recuperación de cartera y (luego de un adéndum del 10 de junio) la posibilidad de hacer anticipos.

La instrucción fiscal concluye que hubo “abuso de fondos públicos (peculado)”, sancionado en el artículo 257 del Código Penal con prisión de cuatro a ocho años.

Según la instrucción fiscal, entre el 16 de mayo y el 31 de julio del 2003, la AGD pagó a González 1’063.225 dólares, cuando el cobro de cartera fue de 7’254.938,12 dólares, por lo que la suma por honorarios no debió superar los $ 217.648,14.

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Concluyó que hubo fondos que “fueron utilizados dolosamente (por Salgado)... para el beneficio personal del Dr. Bolívar González”.

En una rueda de prensa, Salgado y González acusaron al ex gerente de la AGD y diputado socialcristiano Patricio  Dávila, a la Contraloría y la Fiscalía de buscar su encarcelamiento para que no cobre a los ex accionistas de los bancos cerrados. Alrededor de las 16h30, González acudió al Juzgado Cuarto de lo Penal, donde se enfrentó verbalmente con Dávila.

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El diputado dijo que asistió al Juzgado como miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso.