La mayoría de las fuerzas políticas del Congreso Nacional coincide en señalar que el bloqueo permanente a la designación de Contralor General del Estado obedece al temor de los distintos bloques al inicio de auditorías en municipios y consejos provinciales, a vísperas de las elecciones seccionales.

Ayer, diputados de la Izquierda Democrática (ID) y socialcristianos (PSC) se acusaron mutuamente de impedir la elección de la autoridad de control en un intento por proteger a sus coidearios en alcaldías y prefecturas.

Una fuente de la ID, que no quiso que se mencionara su nombre, aseguró que fue la dirigencia del partido la que puso reparos a la candidatura de Ángel Duarte porque teme la intervención del organismo auditor en aquellos gobiernos seccionales donde la agrupación política tiene participación.

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Los diputados socialcristianos Xavier Sandoval y Cynthia Viteri sostuvieron que la ID bloquea el proceso para evitar que la Contraloría investigue los gastos en publicidad del actual prefecto de Pichincha, Ramiro González, y de la contratación de obras del alcalde de Quito, Paco Moncayo.

Similar acusación efectuó Carlos González, de la ID, al bloque socialcristiano. Sus diputados, dijo, impiden la designación de Contralor ejerciendo el poder del veto. “Al PSC le conviene mantener a Genaro Peña como contralor subrogante porque este no ha auditado a los municipios socialcristianos”, afirmó González.

En tanto, el prianista Carlos Vallejo comentó que el bloqueo proviene del PSC y de la ID, “quienes tienen interés en tener poder en todas las entidades, sobre todo de control”.

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Para los roldosistas, según sostuvo Ernesto Valle, el temor a una auditoría en los gobiernos seccionales queda reflejado en la actitud del  PSC y la ID.

Los socialcristianos, dijo, manejan desde hace ocho años las direcciones regionales de la Contraloría en la Costa; no les interesa, por tanto, una mano fiscalizadora.

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Con ese criterio coincidió el legislador de Pachakutik, Antonio Posso. “Los grupos de poder de la ID y el PSC quieren un guardaespaldas en la Contraloría, pues temen una fiscalización en los municipios que controlan”, manifestó Posso.