El presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Gustavo von Buchwald, declaró ayer abierta la etapa del plenario (antes de la sentencia) contra el ex gerente general del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu Seminario, acusado de supuesto peculado.

La causa resuelta por el magistrado corresponde al supuesto perjuicio causado contra el Estado, desde el 10 de febrero de 1999 hasta el 13 de julio de ese año, en la cantidad de 54.783’269.919 sucres (2’191.330,79 dólares), por no haber entregado los dineros retenidos por el pago del impuesto del 1% a la Circulación de Capitales (ICC).

Esta causa fue iniciada el 10 de enero del 2000, basada en la excitativa fiscal presentada por el entonces agente fiscal Ángel Layedra, luego de la denuncia que planteara Elsa Romoleroux de Mena, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI).

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El juez fiscal de Guayaquil, Hanníbal Vela Bajaña, fue el primero en conocer este caso.

El juicio pasó a la Corte Suprema en julio del 2000, luego que fueran sindicados los ex superintendentes de Bancos Jorge Egas Peña y Jorge Guzmán Peña. Como el presidente de la Corte Suprema consideró que estos ex funcionarios no tenían responsabilidad, regresó el juicio al juzgado de origen.

El juez fiscal sindicó luego al ex intendente de Bancos Carlos Plaza Hernández, y al administrador temporal del Banco del Progreso, César Rumbea Thomas, y el juicio pasó a la Corte Superior de Guayaquil, en el 2001.

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Tres años después de permanecer en la Corte, el presidente actual, Gustavo von Buchwald, concluyó que Aspiazu es responsable como autor de peculado y dispuso su prisión preventiva. Además, el embargo de sus bienes hasta por doce millones de dólares.

Von Buchwald hizo extensivo el plenario a César Rumbea y Carlos Plaza, en el grado de encubridores del delito de peculado, y ordenó un embargo de bienes, a cada uno, hasta por dos millones de dólares.