Miércoles 17 de marzo del 2004 Sucesos

Empleados de cárceles expondrán sus condiciones al ministro Baca

Los empleados del sector administrativo de las cárceles están a la espera de la reunión del Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS). Allí presentarán ante el ministro de Gobierno, Raúl Baca, las cinco principales exigencias a las que llegaron tras la reunión de sus representantes, sobre el apoyo gubernamental a los sueldos, infraestructura y seguridad del sistema de rehabilitación social.

Ricardo Arteaga Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Servidores Penitenciarios, afirmó ayer que de no cumplirse sus pedidos los 1.550 guías y empleados de las cárceles ecuatorianas iniciarán una huelga general el próximo lunes 22 de marzo.

“La primera condición para evitar una protesta radical es que se haga efectivo el decreto de emergencia firmado por el presidente Gutiérrez el 15 de enero pasado”, dijo Arteaga. Este documento facultaba a los ministros de Gobierno y Economía, para asignar a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 10 millones de dólares para superar la crisis. Según Arteaga, ese dinero aún no llega.

Los servidores penitenciarios exigirán que se incluya a la DNRS dentro de la pro forma presupuestaria del 2005, como un aporte gubernamental de 18 millones de dólares anuales para la rehabilitación social; y la creación de nuevas formas de financiamiento para el sistema, que actualmente se sustenta con las multas que pagan quienes giran cheques sin fondos, según el titular de la DNRS, Fernando Cassis.

A la Función Judicial
Según Arteaga, también solicitarán al Consejo de Rehabilitación Social favorecer la situación laboral de los guías penitenciarios, “quienes trabajan más horas de las que la ley les manda”. Y pedirán al Congreso la adhesión del sistema de Rehabilitación Social a la Función Judicial.

Los 334 empleados de las dos cárceles de Guayaquil iniciaron el lunes pasado la protesta. Permitieron el ingreso de la visita, pero retrasaron los trámites de las boletas de libertad e impidieron la salida de los reos a las audiencias en los tribunales; también, el ingreso de nuevos detenidos. Esta medida provocó mayor hacinamiento en los calabozos de la Policía Judicial del Guayas y en el Centro de Detención Provisional (CDP), según el jefe provincial de Policía, Crnl. Luis Cadena.

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