Expertos y juristas guatemaltecos criticaron este domingo el alcance del arresto domiciliario dictado contra el ex dictador Efraín Ríos Montt por la muerte de un periodista durante disturbios en el 2003, al considerar la medida muy débil pues le permite moverse en todo el país.
"Si un arresto domiciliar no es el confinamiento de una persona en su residencia, en realidad no es un arresto", afirmó a la prensa el secretario ejecutivo del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Mynor Melgar.
Melgar afirmó que la medida contra el ex dictador es la más débil que contempla el Código Penal y el juez, Víctor Hugo Herrera, no tomó en cuenta la magnitud de los hechos de violencia que paralizaron la capital durante dos días.
El pasado lunes, el juez Herrera ordenó el arresto domiciliario contra Ríos Montt, quien gobernó con mano de hierro Guatemala entre 1982-1983, al ligarlo por "su probable participación en tres delitos: homicidio preterintencional, coacción y amenazas".
Sin embargo, la figura de arresto domiciliario aplicada al ex dictador de 77 años consiste en que puede movilizarse en todo el país sin vigilancia alguna, pero obliga al general retirado a presentarse a declarar cada vez que sea citado.
"Lo correcto de interpretar en este caso es que Ríos Montt no podría salir de su residencia, con o sin vigilancia. Ese es el verdadero espíritu de la norma", aseguró por su parte el presidente del conservador Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecom), Roberto Molina.
El experto del Instituto de Derecho Constitucional, Alfonso Novales, estimó que Guatemala debería de tomar ejemplos de otras naciones como Argentina y Chile, donde el arresto domiciliar se debe cumplir en la residencia de los imputados.
Además, Novales consideró que el juez también falló en la tipificación de los delitos, pues no se le ha señalado como terrorista, lo cual se podría aplicarse por lo que sucedió durante los disturbios del 24 y 25 de julio pasados.
Ríos Montt es acusado de haber organizado a miles de seguidores suyos que protestaron de forma violenta en julio pasado, para que fuera inscrito como candidato presidencial en las elecciones del pasado 9 de noviembre, por el entonces gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG, derecha).
Durante el primer día de protestas, el periodista Héctor Ramírez (60 años) murió de un paro cardíaco tras ser perseguido por encapuchados.