El presidente ejecutivo de la telefónica, Juan Alfredo Illingworth, explicó ayer que solicitará a la SB que se pronuncie sobre la vigencia, validez o legalidad de los contratos actuales de seguros.

“La Superintendencia de Bancos debe decirnos si son legales o no. Nosotros no podemos evaluar si los seguros son válidos”, dijo Illingworth.

La renovación de las pólizas de seguros que firmó la telefónica con La Unión fueron cuestionadas por el diputado socialcristiano Luis Almeida, quien denunció supuestos sobreprecios, fallas administrativas y el incumplimiento de la Ley de Seguros. El juez Décimo de lo Penal del Guayas, Édgar Salazar, ordenó la prisión de 18 funcionarios y ex empleados de Pacifictel, Fondo de Solidaridad y La Unión.

Publicidad

Almeida insistió ayer que se declare nulo el contrato y convoque a una licitación.

El 22 de enero del 2004, el director Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado, Sócrates Vera, recomendó a Pacifictel preparar oportunamente las bases del nuevo concurso para la contratación de los seguros de manera oportuna. Es decir, que la telefónica debe preparar las bases para el nuevo concurso sin necesidad de esperar que el plazo de la renovación termine. El contrato terminará en enero del 2005.

Para dos expertos que laboran en compañías de seguros de Guayaquil, consultados por este Diario y que no quisieron ser identificados, las pólizas de Pacifictel son legales y no pueden ser anuladas. “Las fallas administrativas no son causales para anular una renovación. La Unión ya fue sancionada por eso”, explicaron.

Publicidad

La Junta Bancaria ratificó el pasado 10 de marzo la sanción de una multa de 2.103 dólares a David Goldbaum, gerente de La Unión, quien tiene orden de prisión.

Además se suspendió la autorización para operar en el ramo de seguros contra incendio durante 6 meses.

Publicidad