El plazo impuesto por el jefe de Estado, Lucio Gutiérrez, para que todos los empleados públicos declaren sus ingresos venció el pasado 16 de febrero sin resultados, especialmente en las entidades autónomas (que tiene sus propias leyes de constitución).

“Las que están renuentes son los bancos Central, del Estado, de Fomento, las superintendencias de Bancos, de Telecomunicaciones, Petroecuador, Andinatel, Pacifictel...”, explicó  Abel Echeverría, principal de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres).

Según el rol de pagos del Banco Central del Ecuador (BCE), nueve de sus principales autoridades ganan más que el Presidente. Lo mismo sucede en la Superintendencia de Bancos. En ambos casos los sueldos de sus máxima autoridades (Mauricio Yépez y Alejandro Maldonado, respectivamente) bordean los 12 mil dólares mensuales. 

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Yépez, en declaraciones, negó que ese sea su ingreso mensual y aseguró que recibe 5.950 mensuales. El diputado socialista Segundo Serrano dijo que en el resto de entidades autónomas “pasa lo mismo”.

Ante una solicitud de este Diario, el subsecretario de Presupuestos, Hugo Muñoz, argumentó en noviembre pasado que la Constitución solo le permite conocer los ingresos y egresos de la Presidencia y de sus 15 ministerios, pero no de los organismos seccionales autónomos, financieros y empresas estatales, lo que impide mantener un control de la masa salarial (sueldos más todos los beneficios) de estas instituciones.

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la de Gasto Electoral establecen que ningún funcionario público –incluidos los de entidades autónomas– puede ganar más que el Presidente.
 
La aprobación de esta ley fue parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un año.

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