El petróleo es una enorme fuente de riqueza y una continua fuente de noticias, casi todas lamentables porque generalmente desnudan la falta de decisiones, el cruce de intereses incontrolables, las enormes ineficiencias que empobrecen al país.

En las últimas semanas hemos tenido:

Uno. La producción de Petroecuador cae por debajo de los 200.000 barriles diarios, la más baja en muchos años, ¡40% menos que hace 10 años! ¡Imagine su empresa vendiendo solo el 60% de su potencial!

Dos. Los robos de gasolina. ¿Misteriosos? Por favor, es un tema que la gente comenta y conoce desde hace años. Pero los intereses tan invasivos… Por algo el sistema de transporte (oleoductos, poliductos) no tiene instrumentos automáticos de control, fáciles de contratar y relativamente baratos (algo más de 50 millones de dólares). Cada licitación fracasa. Y que no digan dentro de un tiempo que tampoco se conocían los desastres del sector “gas” y otros, entre los cuales basta mencionar la manera en que se transportan los derivados en barcazas que cuestan millonadas.

Tres. Un cambio de personal repentino en las esferas gerenciales de Petroecuador y un proceso de selección vía los famosos “expertos sin rostro” (la gente se pregunta: ¿son descarados?; además de no tener rostros, ¿qué más no tienen?). La calentura no está en las sábanas. Es la estructura estatal de Petroecuador el gran problema; es la ignorancia sobre el tema en las esferas del Gobierno (¿a quién se remueve en esas alturas?); es la búsqueda de pequeños y grandes negociados.

Cuatro. La licitación para entregar al sector privado campos de Petroecuador. Urgente porque Petroecuador no tiene ni estructura, ni  tecnología ni recursos para emprender ese desafío. Algunos pretenden que “es cuestión de endeudarse y adquirir tecnología”. Por favor, la tecnología no son solo máquinas que se compran, son procesos que se aprenden por experiencia, y el dinero no está fácilmente disponible para un país demasiado incumplido y mal pagador (ni siquiera garantizando con el propio petróleo es factible, porque eso viola los acuerdos de deuda que prohíben dar garantías a unos deudores sin ofrecer lo mismo a los demás). Pero todo el proceso ha sido mal llevado. La última novedad es que, casi al final, se cambia la regla básica de la licitación: se eliminan varios requisitos y sobre todo, el piso del 35% para la participación del Estado (ojo: en este caso mínimo, e incluyendo otros impuestos, el Estado recibiría el 55% de los ingresos equivalente al 80% de las utilidades). A última hora. Claro, como esta vez se favorece a las empresas, los defensores de la participación privada no se manifiestan. Pero hay que ser justos: la inseguridad jurídica es cualquier cosa mal hecha, favorezca a quien favorezca. Lo lógico hubiera sido dar de baja este proceso (o, quizás, avanzar hasta su culminación), y abrir uno nuevo con objetivos claros. Es en estas situaciones confusas que se pesca a río revuelto … y pescadores (pecadores) ¡hay muchos!